La senadora Cristina Fernandez de Kirchner ingresa a comodoro Py para declarar ante el juez Bonadio
3 de sptiembre de 2018
FOTOS FEDERICO LOPEZ CLARO
El juez Claudio Bonadio procesó a 42 personas en la causa por corrupción en el ex Ministerio de Planificación. Cristina Kirchner fue acusada de serjefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. También pese a solicitar su prisión preventiva sujeta al desafuero del Congreso, el magistrado indicó que para iniciar el necesario proceso de desafuero de la senadora el juez esperará a que el procesamiento «se homologue por la Cámara federal de apelaciones«.
A la ex Presidenta se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos, y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos. Sólo en su domicilio de Uruguay y Juncal se realizaron 87 entregas de fondos ilegales por 70 millones de dólares.
Para la Justicia el hecho que Cristina Kirchner no haya recibido sumas de «dinero ilegítimas en mano propia» no la exime de «responsabilidades». Se dio por comprobada «la existencia de una organización delictiva» planteada por la «Recaudación de coimas» que inició con Néstor Kirchner y que «continuó durante la gestión» de la actual senadora, indicó Bonadio en su resolución de 522 páginas.
Para Bonadio, tuvo siempre «conocimiento del sistema de recaudación» y como principal autoridad del Ejecutivo Nacional, la encontró responsable de ser «jefa de la asociación ilícita»
El procesamiento alcanzó a Julio De Vido y Roberto Baratta en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo. En el caso del ex ministro de Planificación se le atribuyen cuatro hechos, mientras que al ex Secretario Coordinador se lo acusa de 90 hechos. A ambos se les dictó la prisión preventivas y se les trabó un embargo de $ 4.000 millones para cada uno.
En el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas, aceptado como imputado colaborador, quedó procesado como miembro de la asociación ilícita y cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de $ 4.000 millones.
En tanto el ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, fue procesado como miembro de la asociación ilícita, con la misma millonaria cifra de embargo y otorgada la libertad al ser el primer «arrepentido» en el expediente.
La larga lista de empresarios que terminaron procesados incluye a Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio, Juan Chediack, entre otros, todos acusados como miembros de la asociación ilícita y dación de dádivas con un embargo cada uno de $ 4.000 millones.
Para Bonadio, se comprobó durante la instrucción que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación, actuó entre los años 2003 y 2015″.
En su extensa resolución, el Juez indicó que en dicho período existió un «pacto ilícito en daño de tercero» entre funcionarios y empresarios que hizo «funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente (…)».
La finalidad de esta «organización delictiva», fue distribuir «coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones , en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo».
Así se refirió a los empresarios, muchos de los cuales fueron aceptados como imputados colaboradores en la causa pero terminaron procesados como miembros de la asociación ilícita.
Sobre el funcionamiento de esta mecánica, Bonadio detalló que los empresarios para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, entre otros casos, los empresarios «entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos «retornos» o «coimas».
Según la resolución judicial, los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones «estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos» y que la finalidad de todo fue «enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos».
Para Bonadio, el producido de esos sobornos era utilizado para «sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites».
Durante la instrucción, también se determinó que partes de esos fondos se «desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política», pero se remarcó en esencialmente, la mayor porción de los fondos fueron destinados a «engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos del País», es decir: Néstor y Cristina Kirchner.
Clarín
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