El Tribunal Oral Federal Seis (TOF 6) comenzó hoy el juicio para determinar si en la última dictadura militar hubo un plan sistemático para el robo de bebés, causa entre cuyos procesados figuran los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.
La primera jornada se prolongó hasta minutos antes de las 17, cuando el TOF 6 dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30.
En el juicio, oral, público y televisado, también están procesados los ex jefes militares Rubén Franco, Antonio Vañek, Santiago Riveros, Jorge Acosta y Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, todos bajo las imputaciones de sustracción, retención y supresión y sustitución de identidad de menores de 10 años.
El juicio comenzó esta mañana cuando los procesados, con Videla en primer lugar, llegaron a las 10.55 esposados a la sala de audiencias, para que 15 minutos después el TOF 6 diera por iniciado el debate oral y público que, se estima, se prolongará durante todo 2011.
El primer día (también los siguientes porque no se completó) fue destinado a la lectura del «requerimiento de elevación a juicio» del fiscal federal Federico Delgado, quien sostuvo que hubo un «plan» para la apropiación de recién nacidos en centros de detención clandestinos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
A su vez en el juzgado federal siete, que estuvo a cargo de la instrucción del sumario penal, se consideró probado, a través de testigos y lo resuelto en la causa 13/84 por la que se juzgó a las Juntas Militares, que los jefes militares conocían sobre la existencia de embarazadas cautivas en centros clandestinos de detención.
«No se trata de una causa más», porque en ese período, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, hubo una «feroz represión» y «violencia sistemática ejercida desde el Estado», acotó en su momento Delgado, quien calificó a esos hechos como «uno de los episodios más oscuros de la historia argentina».
Delgado indicó en su dictamen que, en ese contexto, dentro de lo que fue la órbita del Cuerpo Primer del Ejército, funcionaron maternidades en centros clandestinos de detención, en tanto que en otros casos las mujeres secuestradas eran trasladadas para parir.
El requerimiento mencionó a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo, el «Pozo de Banfield», «Automotores Orletti» y «El Olimpo» (en el barrio de Floresta), la Comisaría 5 de La Plata, «La Cacha» (también en la capital bonaerense) y «El Vesubio» (en el conurbano de la provincia de Buenos Aires).
Quienes se desempeñaron como «las más altas autoridades» de los gobiernos de facto, fueron sindicados como autores «mediatos» de los ilícitos investigados, en tanto que a otros imputados, tal el caso de Acosta o Magnacco, se les atribuye contacto directo con las embarazadas detenidas en la ESMA.
Los miembros «superiores» del aparato que ejercía el poder tomaban las decisiones, los «estamentos intermedios impartían directivas» y «los que colaboraban» no debían perjudicar la «labor conjunta», agregó el dictamen firmado por Delgado en febrero de 2006, leído durante la primera jornada del juicio.
Para el fiscal, que algunas mujeres fueran trasladadas a lugares de detención con estructura como para funcionar como «maternidades», constituye una prueba de que, como parte de una maniobra criminal» tendiente a «la eliminación de indeseables», hubo un plan sistemático para la apropiación de los menores.
En la resolución que elevó la causa a la etapa plenaria, el Juzgado Federal siete concluyó no solo se registraron nacimientos sino que luego se disponía de las mujeres y de los niños.
El TOF 6, presidido por María del Carmen Roqueta, está integrado por Julio Panelo y Domingo Altieri, mientras que como representante del ministerio público acusador está el fiscal Martín Niklison.
La organización «Abuelas de Plaza de Mayo» y algunas de sus integrantes, como Estela Barnes de Carlotto y María Chorobik de Mariani, actúan como querellantes.
Entre los casos investigados dentro del «plan sistemático» están los de los nietos de Barnes de Carlotto, de «Chicha» Mariani y del poeta Juan Gelman.
Las audiencias están previstas para los lunes y martes, y miércoles por medio, pero en marzo no habrá debate el primero de esos días, porque dos de los procesados, Bignone y Riveros, enfrentan la última etapa del juicio que se realiza en San Martín por delitos de lesa humanidad en la zona de Escobar.
Télam
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