Cristina Kirchner anunció un proyecto con los cambios, que contemplan que las investigaciones no podrán durar más de un año, el trámite tendrá menos formalidades, el juez dejará de investigar, habrá juicio por jurados y el proceso oral será rápido y filmado
El órgano de difusión del Ministerio de Justicia de la Nación informó cómo será el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para modificar el Código Procesal Penal nacional. Al respecto, advirtió que las investigaciones no podrán durar más de un año, el proceso tendrá menos formalidades, el juez dejará de investigar y habrá juicios orales rápidos y filmados. La idea es recoger cuatro principios madre: celeridad, oralidad, publicidad y ‘desformalización’.
La difusión de estos cambios se dio a conocer anoche a través de la agencia INFOJUS, luego del discurso de la presidente Cristina Kirchner, que anunció el inminente envío del proyecto al Congreso.
Un tema sensible para la sociedad son las excarcelaciones durante el proceso o luego de la condena. Al respecto, dice el portal: «En caso de que se dicte la prisión preventiva existirán plazos de revisión de la medida cautelar». Para ello, se diagramará un catálogo de medidas distintas al encarcelamiento para poder garantizar que el imputado esté «a derecho». Además, «se creará una oficina dedicada al control de estas medidas», aseguró, al tiempo que en una audiencia en la que podrán intervenir las víctimas se resolverá si un preso condenado egresa de la cárcel.
En otro orden, el nuevo código «prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos». Asimismo, «adopta un modelo de justicia acusatorio: el fiscal investiga, el defensor defiende y el juez resuelve». El código actual es criticado porque los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver.
De acuerdo al texto que difundió esa repartición informativa estatal, se prevé que «ningún proceso podrá durar más de tres años» y se buscará «agilizar la revisión de las decisiones».
«Reconoce la tutela judicial de la víctima e incorpora la participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia a través de jurados, que tendrán que ser regulados mediante una ley especial», indicó.
Además, el proyecto -señaló- «introduce el principio de oportunidad procesal, que habilita al Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras causales». El caso típico con el que se suele ejemplificar es el del robo de una manzana. «Eso permitirá que los fiscales puedan aplicar una política criminal estratégica, dando preponderancia a la persecución de delitos más graves y para poder trabajar sobre la complejidad del crimen organizado. También prevé la posibilidad de convertir la acción pública en privada para determinados delitos, y regula la conciliación como una forma alternativa de resolución», añadió.
El sitio da por hecho que «los jueces dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías», para que sean los encargados de «autorizar o denegar determinados requerimientos de parte del fiscal, que tendrá a cargo la instrucción de la causa y la persecución penal integral».
«El juez velará porque ningún aspecto de la investigación pueda vulnerar las garantías del debido proceso. El Ministerio Público de la Defensa también tendrá mayores facultades para intervenir en el proceso, generar investigaciones propias y establecer mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial», agregó.
Entre otros cambios se anunció que «las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes» y «las víctimas y los imputados tendrán más capacidad para participar en el proceso».
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