Reclaman por el ajuste y el desfinanciamiento del Gobierno nacional. Al mediodía comenzaron a marchar desde el Congreso al Palacio Pizzurno. Números de la motosierra a la educación.
Por Guillermo Levecchia – Diario Tiempo Argentino – 14/Oct/2025
Este martes se lleva a cabo en todo el país un paro nacional docente por 24 horas, que tuvo su epicentro en la Marcha Federal Educativa que comenzó esta mañana en el Congreso de la Nación.
La Confederación Nacional (con enorme presencia de CTERA) convocó al paro y a la Marcha Federal Educativa para “denunciar el ajuste y el desfinanciamiento del Gobierno Nacional en la Educación Pública”. Bajo el lema “La Escuela enseña y construye esperanza”, la jornada arrancó frente al Congreso de la Nación, a partir de las 10, para luego marchar y llegar al Palacio Pizzurno a las 12.
Las y los docentes exigen nueva Ley de Financiamiento Educativo, Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), convocatoria a Paritaria Nacional, aumento del Presupuesto para Educación y defensa de la Jubilación Docente.
“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”, expresó el gremio en un comunicado.
La decisión de Milei de eliminar el FONID (creado en 1998 y vigente hasta enero de 2024) significó millones de pesos menos en los bolsillos de las y los docentes bonaerenses. Según cálculos de SUTEBA, en el caso de los maestros bonaerenses, para quienes tienen un cargo, fueron 2 millones de pesos menos en poco más de un año y medio. Y para quienes tienen dos cargos o 20 módulos, llegó hasta 4 millones.
“Con eso nos podríamos haber comprado una heladera, un lavarropas y una cocina, o haber cargado 1578 litros de nafta”, denunciaron.
“Esto es un golpe directo al salario de las y los trabajadores, que se traduce en peores condiciones materiales para ejercer la docencia y un empeoramiento de las condiciones de vida de nuestras familias –añadieron–. Desde SUTEBA seguimos denunciando que el ajuste del Gobierno Nacional se hace a costa de la Educación Pública y la Comunidad Educativa”.
Las y los maestros deben enfrentar diversos conflictos que los atraviesan. El primero, excluyente, es el salarial, y la pérdida que sufrieron en casi dos años. También el crecimiento de problemas de salud mental entre la población docente. Y el pluriempleo.
Según datos aportados por el Observatorio Argentinos por la Educación, 3 de cada 10 docentes de primaria trabajan en más de una escuela. “El 30,5% de los docentes enseñan en dos o más escuelas: la cifra es muy superior al promedio de América Latina (11,4%)”.
Sin 6% del PBI para Educación
El Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno incluye más recortes a Educación. El artículo clave para analizar la faceta educativa es el 30. Y allí aparece una palabra que supo repetirse en la denominada Ley Bases: “derógase”.
Al mirar en detalle, ese artículo 30 propone derogar las siguientes disposiciones legales:
a) El artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias;
b) Los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;
c) El artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional;
d) El inciso 1 del artículo 4º de la Ley Nº 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.
¿De qué se tratan? Arranquemos por la primera, que es esencial y núcleo de las políticas educativas del siglo XXI: el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional (aprobada durante el primer kirchnerismo) sostiene que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Es cierto que casi ninguno de los últimos gobiernos cumplió la medida: un informe de la Universidad Di Tella explica que la inversión en educación solo alcanzó el 6% del PBI en 2015 (exclusivo para educación); y se cumplió en 2009 y 2013 (incluyendo Ciencia y Tecnología). Todos con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia. Pero ahora, con este presupuesto 2026, ya no será obligatorio que la educación alcance el 6% del PBI.
Sin financiamiento para ciencia
Lo mismo sucede con los 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La norma establece que el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento (1%) del Producto Bruto Interno (PBI) de cada año.
Para 2025 debía ser el 0,52 del PBI y para 2026: 0,59. Será de un tercio, en el mejor de los casos.
Además también deroga el artículo 7º de la Ley de Financiamiento de Ciencia que establece una Garantía: “La asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior”. Eliminada esta cláusula pueden decidir recortar respecto al año anterior, sin que los alcance una ley.
Sin Fondo Nacional para Escuelas Técnicas
“Mientras analizan el ‘tono’ y otras yerbas, el presupuesto enviado ELIMINA: – el 6% del PIB para educación. – la inversión progresiva en ciencia hasta llegar al 1% del PIB. – el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. – la inversión progresiva en defensa nacional (FONDEF)”. Quien lo alertó fue el jefe de bloque del ahora llamado Fuerza Patria en Diputados, Germán Martínez.
El artículo 52 de la Ley de Escuelas Técnicas (que deroga el proyecto de presupuesto 2026 de LLA) crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional “que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.
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