Contra la «reacción en cadena»: Supermercados YPF

La empresa cuenta con unos 1500 puntos de venta en todo el país. Puede ser un arma válida para fortalecer el nuevo acuerdo de precios.

Por: Federico Bernal

En los supermercados, señoras y señores quejándose de un Estado que «interviene» hasta en el tomate. Partimos mal incluso desde el lenguaje. El término entrecomillado posee definiciones y acepciones en su mayoría tan desagradables como antipopulares (intervención quirúrgica, para citar un caso). Se emplea a la hora de describir el accionar estatal, sea del tipo que fuere. Pero «interviene» quien se mete por la ventana, quien se incumbe en cuestiones ajenas para las que no fue creado ni predestinado. Las señoras y señores nunca hablan de un mercado «intervencionista» para explicar una privatización; tampoco cuando los precios y la vida en general se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Las señoras y señores se quejan del alza de los precios y culpan al gobierno nacional, que se entromete, se inmiscuye y viola la libre concurrencia.

 Y es lógico que así razone, porque al menos desde mediados del siglo XIX que existe una política cultural destinada a fusionar interés público con libre mercado, eficiencia y civilización con lo privado (más aún si son extranjeros). El Estado como enemigo de lo público es cuestión de sentido común. La inflación es culpa del gobierno nacional y no de la cartelización, concentración y abuso de posición dominante del sector privado (la reacción en cadena). La inflación es, nos quieren hacer creer, un impuesto al bolsillo que busca incrementar la recaudación fiscal, por otro lado necesaria para hacer frente al derroche de un Estado populista y elefantiásico que gasta sin reparo y sin sentido.

De este laberinto cultural, político y económico, urdido desde la mismísima Revolución de Mayo (por los contrarrevolucionarios de Mayo) pero inaugurado a sangre y fuego después de Caseros, se sale por arriba, o no se sale.

Aquí una humilde propuesta. Iniciativas oficiales de precios sociales. Días atrás, el ex director del Banco Nación, Arnaldo Bocco, explicaba en el programa El Vermucito (radio Cooperativa) la situación del nuevo acuerdo de precios. Aprovechó para mencionar sendas iniciativas de comercialización a precios sociales. ¿Cómo puede ser que no haya una campaña masiva de difusión en este sentido, tanto desde el gobierno nacional como de los municipales respectivamente involucrados? El economista se refirió a los mercados del Ministerio de Desarrollo Social y del Movimiento Evita. Indagamos un poco más y efectivamente encontramos que dicho ministerio lidera estas experiencias, promoviendo una «economía social» y un «comercio justo», así como «una relación directa entre productores y consumidores… [informando a los primeros] sobre el origen del producto y sus formas de producción».

De hecho, existe una Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social, en cuya sección en Internet figuran decenas de cooperativas dispersas por todo el país, ejemplo de las capacidades y esfuerzos argentinos por romper la lógica del mercado y la concentración-extranjerización en el sector de los alimentos y bebidas (entre otros rubros de la producción). Existe también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que trabaja codo a codo con la mencionada Subsecretaría y cuyas autoridades son elegidas por el Poder Ejecutivo. Sus objetivos: «Fomentar la capacitación, el desarrollo y la promoción de la economía social en todo el territorio nacional.» Bocco agregó también que el Movimiento Evita cuenta con dos mercados propios en Morón y Lomas de Zamora, establecimientos de entre 150 a 300 metros cuadrados que venden productos a precios muy bajos, provistos a su vez por cooperativas. Pasan por cada uno aproximadamente 15 mil familias por mes. La idea es, según manifestó el entrevistado, abrir una veintena más en el Gran Buenos Aires. Maximización de la comercialización de tal manera de cubrir sus costos, dejando un margen para la reinversión de las ganancias. Un círculo virtuoso para la generación de empleo a nivel cooperativas, con un detalle nada menor: los productos secos (por ejemplo, la harina, el arroz, etc.) se encuentran incluso a precios muy por debajo de la lista del segundo acuerdo de precios.

Sin embargo, todo esto que es maravilloso y digno de reconocimiento, no alcanza ni puede estar a la altura de la disputa y lo que está en juego. Se necesita salir del laberinto por arriba. La «reacción en cadena», la remarcación de precios en los últimos tres meses, esto es, entre el fin del primer acuerdo de precios al inicio de este segundo, ha sido realmente despótica, abusadora. Es que la concentración de la comercialización sigue haciendo de las suyas. Veinticinco empresas que controlan el grueso de los alimentos, bebidas y limpieza (2 o 3 por rubro), controlan a su vez el 70% de la producción. La comercialización está oligopolizada y la industria también. Fijan los precios los empresarios cartelizados, abusando de su posición dominante y provocando la ignición de una «reacción en cadena» (por la concatenación y por lo reaccionario de su naturaleza) que remarca atropelladamente y no se detiene ni en los supermercados chinos ni en el pequeño almacenero de barrio.

Tiene razón Arnaldo Bocco cuando en su columna mencionó que el «Estado no tiene capacidad para regular toda esa cantidad de precios y de correcciones de precios porque no tiene instrumentos jurídicos para hacerlo. Podrá aplicar la Ley de Abastecimiento cuando faltan los productos. Pero no firmaste el compromiso ahora en los precios vigilados de que vas a proveer toda la cantidad posible, sino que es un «acuerdo de partes».

A propósito, cabe recordar que tanto en 2006 como en 2009, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos de ley que creaban la figura jurídica del fiscal de defensa de la competencia, que luego perdieron estado parlamentario en el Senado. 

DEL ACUERDO AFSCA-YPF A LOS ALIMENTOS Y BEDIDAS. El neoliberalismo, sus políticos, lobbistas y empresarios vinculados quieren ver fracasado el nuevo acuerdo de precios. Y así obrarán. Lamentablemente, el círculo vicioso de la reacción (la «reacción en cadena») no se romperá con la flamante iniciativa oficial. Las señoras y señores seguirán quejándose de un Estado que «interviene» hasta en el tomate. Y este, el gran debate y objetivo de fondo; el mal a corregir. ¿Cómo romper la lógica mercadista? ¿Cómo fusionar Estado con interés público? En definitiva, ¿cómo salir del laberinto por arriba?

YPF cuenta con aproximadamente 1500 puntos de venta en todo el país. Con que el 10% tengan el espacio para el célebre «drugstore», ya es un muy buen comienzo. Luego se podrá trabajar en adaptar ediliciamente otro porcentaje. Y así sucesivamente. En vez de vender las mismas insulseces que sus competidoras, ¿por qué no expandir las iniciativas de los mercados populares de los movimientos sociales pero con el apoyo logístico de YPF? ¿Por qué no crear una nueva división de negocios en la empresa nacional de hidrocarburos, que trabaje conjunta y coordinadamente con el Mercado Central, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social?

Sus ubicaciones estratégicas y concentradas permitirían incluso combinar, en un mismo barrio: «Supermercados YPF», «YPF carnicerías», «YPF verdulerías», etcétera. Precios más baratos, más justos, como ya se aplican por el Mercado Central y los mercados populares antedichos, pero potenciado por centenares de locales ubicados por doquier, sacando provecho de la logística de la YPF renacionalizada. Si a partir de este año, la Televisión Digital Abierta comenzará a llegar a estaciones de servicio de la estatal (la AFSCA firmó un acuerdo con la petrolera), ¿por qué hacer lo mismo en materia de alimentos y bebidas, que es mil veces más importante?

DEL LABERINTO POR ARRIBA. ¿Qué pasaría con el discurso de los tomates si las mismas señoras y señores se encontraran con sendos establecimientos de la petrolera estatal vendiendo en su barrio los tomates un 50% más baratos? ¿Qué dirían si, además, cargando naftas con la YPF Serviclub, en vez de regalos suntuarios, los puntos otorgados por la compra de combustibles habilitaran un tanto de bonificación en los vinos de la cooperativa Suero de San Juan, pelotas de la cooperativa de Belle Ville de Córdoba, chocolates del taller familiar RK de Buenos Aires, mieles artesanales de la cooperativa El Espinal de Entre Ríos, los fiambres caseros, picadas, quesos y dulces de leche de cabra, cerveza artesanal, etc., de la iniciativa Uribe Pueblo Natural?

Y no pensemos mucho más, que hasta YPF bien podría vender un paquete entre biocombustibles, gasoil y fertilizantes propios a los chacareros a cambio de su cosecha, para luego acopiarla y venderla. Camiones YPF con combustibles, alimentos y granos, sólo así se combate la paciente y magistralmente inoculada zoncera del Estado enemigo de la ciudadanía, ineficiente y mal administrador. Fue Bartolomé Mitre durante su fraudulenta administración el responsable de acuñar esa zoncera y ejecutarla. Inglaterra celebraba la reconquista, no ya en términos militares sino económicos y culturales. Un año después de su paso por la presidencia, en discurso ante el Senado expresó: «Se dice que los gobiernos son malos empresarios. Si los gobiernos se hacen comerciantes para luchar con el público, y usan de las rentas del pueblo para hacer competencia a la industria privada… no sólo los gobiernos son malos empresarios, sino que usurpan facultades que no tienen [Estado «intervencionista»], violando abiertamente su mandato.»

Una colonia no precisa de Estado. Los herederos de Mitre contragolpearon en 1976 y prosiguieron hasta 2003. La zoncera, esgrimida por Martínez de Hoz, renació con inusitada fuerza y prendió entre la sociedad: «El Estado es dueño, por ejemplo de una escuela artesanal de alfombras, de una hostería, de mataderos, de una boite, de empresas aéreas, de fábrica de todo tipo. ¿Usted lo sabía? La cuenta es larga. Son más de 300. Prácticamente todas son deficitarias y venden productos de mala calidad y caros. Pero los argentinos no se sabe bien por qué deben poner dinero de su propio bolsillo para mantenerlas. Es una suma muy grande que por otra parte, alienta la inflación. ¿Es justo?» (Revista Somos – 23/3/1979).

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