El empresario kirchnerista Cristóbal López se entregó este viernes a efectivos de Gendarmería Nacional y se dirige en un vehículo de esa fuerza al edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro. Minutos después, su socio Fabián De Sousa también se presentó ante Gendarmería.
Así, después de 42 días volvieron a quedar detenidos después de la orden librada por el juez Julián Ercolini, quien ya había dictado la prisión preventiva de ambos el 19 de diciembre pasado. Ahora, por decisión de la Cámara de Casación, el empresario kirchnerista volvió a perder su libertad.
La «inmediata detención» de los dueños del Grupo Indalo, se dio después de la resolución que firmaron los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa (en disidencia), donde se ordenó la que se vuelva a dictar la prisión preventiva al entender, que existen circunstancias «objetivas y ciertas referidas a la concreta situación de los imputados López y De Sousa que definen la necesidad de disponer la prisión preventiva», bajo la presunción de que «estos intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga».
Se tuvo en cuenta además, la cantidad de causas que tienen los dueños de Indalo, que muestran «no sólo una familiaridad manifiesta con el delito sino también una elocuente sensación de impunidad” que “no puede ser desatendida a la hora de evaluar el riesgo procesal”.
Según confirmaron a Clarín, Cristóbal López será trasladado al Penal de Ezeiza. Pasará los primeros días en el Hospital Penitenciario donde se le realizarán los controles de rutina, aunque más acotados ya que fueron realizados el 20 de diciembre cuando quedó detenido.
En el caso de Fabián De Sousa, volverá al Penal de Marcos Paz donde estuvo alojado hasta el 16 de marzo cuando la Cámara federal porteña les otorgó la excarcelación, que sólo duró 42 días.
Los dueños del Grupo Indalo nuevamente detenidos, quedaron acusados de defraudar al Estado por no pagar a la AFIP, con Oil Combustibles SA el impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La deuda generada fue de 8.000 millones de pesos y a la fecha el Gobierno le reclama más de $ 20.000 millones con intereses y punitorios y otras deudas generadas después que la empresa inició su concurso preventivo.
Con dichos fondos, según determinó la Justicia, el empresario K «financió su grupo empresarial y amplió el mismo adquiriendo nuevas empresas».
El juez Hornos y su par Eduardo Riggi, entendieron que la maniobra «excedió en su dimensión fáctica y jurídica, los límites del específico delito tributario». Así, rechazaron la decisión de los jueces de la Cámara Federal porteña, Jorge Ballestero y Eduardo Farah quienes plantearon que no se trataba de una «defraudación al Estado», sino una «retención indebida de tributo».
La causa plantea, según Hornos, una «compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del Fisco, que constituye el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública». Y por eso decidió que se vuelva a la calificación inicial.
En este sentido, determinaron además que se vuelva a trabar un embargo para cada uno de $ 17.000 millones y no de $ 8.945 millones como habían fijado Farah y Ballestero.
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