El diputado provincial del Frente Renovador Daniel Monfasani presentó ante la Justicia una acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de Baradero, para que remedie la situación crítica que presenta un basural a cielo abierto en ese distrito, Y criticó en duros términos al gobierno municipal, encabezado por el intendente Aldo Carossi, y al Poder Ejecutivo provincial, con Daniel Scioli a la cabeza, sindicándolos como responsables de los daños generados por la contaminación ambiental, al advertir que para ellos “lo que no representa un negocio, pierde interés”.
La demanda recayó en el Tribunal Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, el cual determinará la responsabilidad del Municipio de Baradero por la inacción, omisión e incumplimiento de sus obligaciones por el establecimiento del basural a cielo abierto sobre la banquina de la Ruta Nacional N° 9, en inmediaciones del kilómetro 147.
La intención es que el juez competente dé lugar a la medida cautelar solicitada y consecuentemente ordene a la comuna a cumplimentar con la presentación ante la autoridad ambiental bonaerense un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, de acuerdo a las exigencias previstas en la Ley Provincial Nº 13.592.
Según consta en el texto judicial, la iniciativa es “a los fines de la reparación inmediata del daño ambiental ocasionado por el basural en cuestión, y la adopción de las acciones tendientes a su erradicación y clausura definitiva”.
La acción de amparo también da cuenta de que el basural “ha operado en franca contravención con toda la normativa nacional y provincial, generando consecuencias altamente disvaliosas, tanto para el medio ambiente como para la población de la región”.
“La recolección de basura está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, pero no hay tratamiento previo alguno y, tal como se recogen, son arrojados al basural municipal, que actualmente, y en el mejor de los casos, serán enterradas para evitar los incendios”, advierte la presentación.
“Pesa en cabeza del Departamento Ejecutivo de Baradero la responsabilidad legal de adoptar todas las medidas necesarias tendientes a erradicar la instalación de su basural a cielo abierto, responsabilidad que es compartida por el Gobierno provincial, pues constituye su obligación la de controlar tal incumplimiento y sancionar en consecuencia”, expuso Monfasani.
Además, planteó que “velar por la seguridad de sus habitantes es el primer deber que tiene que asumir todo gobierno, en hora de satisfacer el interés general, y la realidad refleja que el interés del pueblo de Baradero de encontrar soluciones frente al daño ambiental que genera el basural instalado a su localidad, hoy se encuentra postergado ante la inacción” del Poder Ejecutivo.
De progresar el recurso presentado, la Justicia correrá traslado al municipio implicado para que conteste un informe detallado de las presuntas irregularidades que giran en torno al establecimiento del basural a cielo abierto en cuestión, y particularmente sobre su intención de cumplimentar con la presentación ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), cuyo titular es Hugo Bilbao, de una evaluación del impacto ambiental, así como de un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos.
Asimismo, el legislador massista manifestó que “esta situación requiere urgente judicialización, no sólo por la amenaza que implica para la seguridad de los bonaerenses el daño ambiental que generan día a día los basurales a cielo abierto, hoy prohibidos por ley, sino también porque pesan en el caso concreto antecedentes de dos trágicos accidentes en los que murieron dos personas y participaron 19 vehículos en la Ruta 9, producto de la quema de residuos”.
Por su parte, el abogado patrocinante en el amparo presentado, Maximiliano Musotto, explicó que “la causa es equiparable a la de la limpieza del Riachuelo, en la que el 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico en el que se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, así como el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento”.
Cabe reseñar que en la causa ‘Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)’ se responsabilizaba por daños y perjuicios al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas privadas.
Posteriormente, la demanda se amplió hacia los 14 municipios por los que se extiende la cuenca Matanza-Riachuelo.
“No se pretende ninguna sanción al municipio, se sigue la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema de la Nación con el ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), en que se dio órdenes precisas a los intendentes para que saneen la cuenca (Matanza-Riachuelo), y en igual sentido pretendemos se determine la responsabilidad de la Municipalidad de Baradero y recaiga en consecuencia una orden de saneamiento del daño ambiental generado por su negligencia e inacción gubernamental”, justificó Monfasani.
Finalmente, indicó que “las mismas consideraciones pesan por sobre la gestión del gobierno municipal de San Pedro, donde la situación ambiental también es crítica, y las mismas intenciones se persiguen”.
Antes de terminar, el diputado massista remarcó que “allí también es necesario contar con un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos y la erradicación del basural a cielo abierto instalado en la localidad, y de fracasar los reiterados reclamos en el orden municipal, recurriremos a la Justicia en el mismo sentido”.
(Publicado por ANDigital)
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