Denuncian la construcción de terraplenes en el Delta

La construcción de terraplenes en el Delta están ocasionando “graves” daños al medio ambiente: “secan humedales y lagunas, lo que conlleva problemas en el ecosistema”, manifestó a AIM uno de los vecinos de la zona, Pedro Brunetti, quien subrayó que “si el gobierno quiere preservar la naturaleza, debería ocuparse de ese tema”.

Denuncian la construcción de terraplenes en el Delta.

En diálogo con esta Agencia, Brunetti expresó que la construcción de terraplenes en el Delta están ocasionando “graves” daños al medio ambiente: “secan humedales y lagunas, lo que conlleva problemas en el ecosistema”.

Asimismo, sostuvo que “si el gobierno quiere preservar la naturaleza, debería ocuparse de ese tema”, así como también “hacerse cargo de la isla Camba Cuá por las quemas que se realizan para darle de comer a vacas”.

¿De qué manera impactan los terraplenes?

Los terraplenes cortan los flujos naturales y fragmentan el ecosistema. Sin embargo, según denuncias de vecinos a AIM “las obras se multiplican sin control del Estado en islas fiscales y privadas”.

El arquitecto José María Serpi, un reconocido profesional de la zona, lo que sucede en pleno Delta del Paraná. “Un empresario adquirió tierras en las islas de Baradero; al día de hoy unas 12.000 hectáreas. Con una inversión muy importante está construyendo diques, terraplenes, canales, colocando compuertas y bombas de achique para secar una inmensa área de humedales y armar un emprendimiento agropecuario. En algunos sectores ya sembró y cosechó granos”.

“El uso al sólo efecto comercial, de aquellos que realizan arbitrariamente actividades en estas islas, está alterando de manera manifiesta este ecosistema imprescindible para la vida. Las consecuencias son y serán nefastas”, agregó.

Serpi también se refirió a la falta de control por parte del Estado: “las autoridades locales se limitan sólo a burocráticas denuncias a las secretarías correspondientes y éstas hacen lo mismo con respecto a este tema”.

El dirigente Germán José Margaritini recordó que la ley provincial 9.603 de arrendamiento fue derogada por la norma 10.092. Parece que la culpa de todo la tiene el puente Rosario-Victoria que pusieron más al alcance las islas del Delta Superior del Paraná. Las islas aumentaron su valor inmobiliario porque podían ser productivas por mayor accesibilidad, habían aumentado hasta en un 400 por ciento el ganado que tenían encima.

“Los humedales dejaron de verse como un lugar que se estaba autoprotegiendo porque no tenía valor o no era fácil producir para considerarlo como un bien del que podía obtenerse lucro. El modelo de desplazamiento de zonas protegidas a favor de zonas productivas ya estaba en marcha, así que no había más que continuarlo. Se habla entre 150.000 y 190.000 hectáreas de islas fiscales, lo que no es poca cosa”.

Ante la posibilidad de obtener una renta de esas tierras isleñas se crea la ley 9.603, conocida como ley de arrendamiento, de setiembre de 2008. En ella se establecían las bases para alquilar esas tierras con fines de producción, mandando su artículo cuarto a que “los predios arrendados deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas”.

“A pesar que la regulación de la explotación de ésta área geográfica implicaba riesgo para los humedales imponía una importante restricción al uso intensivo agrícola y la prohibición expresa para el uso de agrotóxicos”.

Así que esa ley “permitió el arrendamiento por parte de la provincia, con un beneficio especial para Victoria, que por ser islas de su departamento en su mayoría se llevó el 40 por ciento. Se arrendaron alrededor de 130.000 hectáreas, ya que el resto estaba en litigio por usurpación”.

En ese sentido, “sin responder a ningún criterio de ordenamiento territorial, los humedales se fueron ocupando, no se fijaron reparos respecto a los pobladores locales, menos se hizo previsión sobre las funciones vitales del ecosistema y de los impactos derivados de su uso. Esto es lo que ocurre cuando aparecen argumentos que justifiquen este tipo de explotaciones con el afán de recaudar. Tampoco fueron transparentes las adjudicaciones de las tierras”.

“Es importante mencionar como antecedente legal que Victoria en agosto de 2003 por la ordenanza 2.185 incorpora los humedales al Sistema Provincial de Áreas Protegidas (ley 8.967), siendo un total de 376.000 hectáreas de islas de su ejido. Esta ley data de 1995, ingresando todo ese territorio en la categoría de “reserva de uso múltiple”, habilitándola para ganadería, forestación y fauna de valor comercial, privilegiando “la conveniencia armónica entre las actividades productivas del hombre y mantenimiento de ambientes naturales con sus recursos silvestres”.

En 2008 cuando ocurrieron las quemas de pastizales firmaron un acuerdo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos “para proteger, conservar y aprovechar en forma sostenible los componentes de la diversidad biológica y los recursos naturales en el área. Estampó la firma por la provincia el entonces y actual gobernador Sergio Urribarri. Este acuerdo derivó en la Carta Intención entre los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, con Desarrollo Sustentable de la Nación, para elaborar un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, gran responsabilidad para Entre Ríos que dentro de sus límites tiene el 80 por ciento de los mismos”.

Publicado por: http://www.aimdigital.com.ar