Luego el enojo de la Iglesia Católica por la difusión de sus remuneraciones, el legislador por la Provincia, Alejandro Echegaray, pidió derogar los decretos de la dictadura que regulan los salarios. “El Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”.
En medio de un clima de cierta tensión entre el Gobierno nacional y la Iglesia, a raíz del impulso dado a la despenalización del aborto, un diputado radical acaba de presentar un proyecto para dejar a los obispos sin sueldo.
El bonaerense Alejandro Echegaray propuso derogar los decretos que establecen remuneraciones y pensiones para obispos, sacerdotes y seminaristas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, asegurando que “el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”.
El legislador consideró que “en un Estado laico, este aspecto debe ser revisado”, luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informara que el Estado nacional destinará este año 130 millones en sueldos para la Iglesia Católica.
Echegaray sostuvo que “si bien el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos”.
Y añadió: “Este apoyo económico se traduce en diversas formas: exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, mantenimiento de templos, así como cesiones de inmuebles fiscales para fines determinados”.
En los fundamentos del proyecto, el legislador cita que las asignaciones dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones a favor de distintos integrantes del clero católico se dispusieron por cinco decretos leyes de la última dictadura militar, cuatro firmados por Jorge Rafael Videla y el último por Reynaldo Bignone.
«El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, dijo recientemente que los 40 mil pesos los gasto en darle a los pobres”, recordó, explicando que «si ese es el fin, debemos tener en cuenta que la administración de recursos públicos con fines sociales debe estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y demás reparticiones públicas pertinentes, que no sólo tienen la responsabilidad de dicho cometido público, sino además la obligación de rendir cuentas, obligación que no alcanza a los clérigos beneficiarios de dichos estipendios”. (Latecla.info)
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