La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó un fallo en el que prohibe la instalación de nuevas urbanizaciones en la cuenca del río Luján, que impacta directamente sobre todos los municipios bonaerenses que la integran, desde Tigre hasta Suipacha, y además incluye al valle de inundación del Delta del Paraná.
La medida judicial, difundida por el portal El Argentino Zona Norte, responde a un reclamo sostenido por organizaciones ambientalistas, que responsabilizan a los emprendimientos que se levantan sobre los humedales por las inundaciones que recurrentemente afectan a miles de lugareños.
En este marco, el fallo establece que los distritos no pueden autorizar la construcción de obras de cualquier índole que afecten el normal cauce de los ríos, como es el caso de tareas de endicamiento, embalses, dragados, entre otras.
El efecto más concreto del fallo es para dos emprendimientos del partido de Tigre: la clausura de las instalaciones del desarrollo llamado «Venice Ciudad Navegable” y la inhibición de ejecución de «Remeros Beach”, en Rincón de Milberg, hasta tanto cuente con las habilitaciones correspondientes. Además, en Pilar se encuentra en plena construcción la mega urbanización San Sebastián, al tiempo que hay otras en proceso de tramitación y desarrollo sobre la planicie de inundación del río Luján.
En cuanto a los argumentos, el fallo de Arroyo Salgado se basó el dictamen del fiscal federal Fernando Domínguez, que planteó que «se ha demostrado que la construcción de barrios cerrados no sólo ha afectado al medio ambiente, sino que ha producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando también la pérdida de vidas humanas”.
Pocos días antes del fallo, Domínguez había aportado nuevas pruebas a la causa que estaba parada desde hacía cuatro meses. Entre ellas, resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ordenanzas municipales y un informe de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA.
Para el fiscal, está probada la relación entre los countries y las inundaciones. Al respecto, advirtió: «Las gravísimas consecuencias muy probablemente volverán a repetirse si no se adoptan medidas urgentes para paliar la situación, en tanto se adoptan por las autoridades competentes soluciones de fondo”.
El fiscal federal Domínguez sostuvo que los delitos (de empresarios y funcionarios) serían «daño agravado, estrago seguido de muerte (consecuencia de las inundaciones) e incumplimientos de los funcionarios públicos”.
En tanto, el Congreso de la Nación trata una ley de protección de los humedales, prometida por el presidente Mauricio Macri durante los primeros meses de su gobierno. Pero el proyecto está frenado por el macrismo, según ha denunció el senador Fernando Pino Solanas. (InfoGEI) Ga
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