Este lunes, el Tribunal Supremo español (TS) decidió pedir nuevamente la detención y entrega del expresidente catalán independentista Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica y fue declarado en rebeldía en España acusado por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
La decisión del juez Pablo Llarena se produce luego de la condena a nueve líderes independentistas quienes tendrán que cumplir penas de entre 9 y 13 años de prisión por el proceso independentista ilegal de 2017. Los hechos por los que juzgaron a los exfuncionarios catalanes son la organización de un referéndum de autodeterminación ilegal el 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia de Cataluña el 27 de ese mes.
Tras emitirse la sentencia del Supremo que «proclama la naturaleza delictiva de los hechos objeto de acusación» contra las personas involucradas en la tentativa de secesión, el juez Llarena «ha considerado plenamente justificada» la nueva petición de captura.
Además, el magistrado dijo actuar ante el «riesgo» de que la condena lleva a Puigdemont y otros separatistas huidos de España a refugiarse «en países que no formen parte de la Unión Europea» y que no se rijan por el mecanismo del bloque «que facilita la entrega de los presuntos delincuentes».
Puigdemont, que vive en la ciudad belga de Waterloo, y otros seis independentistas catalanes permanecen en el extranjero para evitar la acción judicial española, y sobre todos ellos pesa una orden de detención en España.
En rechazo a la medida, manifestantes cortaron autopistas y el acceso al aeropuerto catalán. La policía intervino en repetidas ocasiones en la tarde del lunes contra lo independentistas en la entrada del aeropuerto de Barcelona, el segundo más grande de España.
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