Imagen ilustrativa
Fue uno de los temas abordados por los concejales quienes citaron a las partes involucradas para desarrollar una reunión hoy a la mañana. La respuesta de Derechos Humanos de la Municipalidad.
Oscar Ortiz (67) falleció el en el Sanatorio Osprem (Clínica Sindical) luego de haber ingresado en un delicado estado de salud y previamente su familia denunció que recibió maltratos físicos en un residencial privado donde estaba internado.
Más allá de las investigación judicial para definir las responsabilidades del prestado privado, la preocupación por el trato que reciben los adultos mayores en los geriátricos se puso otra vez en tela juicio y fue eco dentro del Honorable Concejo Deliberante al punto tal que los integrantes de la Comisión de Salud quieren inspeccionar ellos mismos cómo se encuentran los geriátricos.
La preocupación la planteó la concejal Leticia Houriet (FpV) quien dijo: “Considerando el fallecimiento de un anciano (que estaba) en el geriátrico III Milenium y la denuncia interpuesta por los familiares directos y la necesidad de aclarar estos acontecimientos es necesario deslindar responsabilidades y la municipalidad, a través de sus áreas correspondientes, puede disponer de profesionales que promuevan entrevistas entre las partes”. Y recordó que dentro del área de Acción Social funciona el Consejo Municipal de Adultos Mayores “que pueden aportar abordaje de valiosa índole que permita construir respuestas preventivas ante la situación planteada”.
La concejal también mencionó la ley 14.263 establece que “siempre hay que considerar el esencial y superior interés de los residentes ya sea una institución pública o privada”.
En tal sentido solicitó la “intervención local sobre la problemática” para “evitar la omisión o indiferencia de conflictos” y que es “necesario colaborar y abordar la problemática acompañando la evolución de las investigaciones no como un acto de voluntarismo sino como un acto de estricta justicia.
Solicitaron que el Ejecutivo, a la brevedad, se interiorice de la denuncia de los familiares a través de Acción Social o Tercera Edad y que convoque a los responsables de la institución “para su testimonio y defensa”.
Además de citar a Desarrollo Social se menciona la Dirección de Derechos Humanos (ver La respuesta de Verdina) y Asistencia a la Víctima. La intención es concretar una reunión hoy a la mañana.
Por su parte, el concejal Juan Domingo Morales (FRP) manifestó que cuando él fue presidente de la Comisión de Salud tuvieron “varios inconvenientes con el tema de los geriátricos”. En ese contexto pidió realizar una visita al residencial para la tercera edad.
La respuesta de Verdina
El director de Derechos Humanos, Luis Verdina, emitió un comunicado de prensa para aclarar cuáles fueron las actuaciones que realizaron desde su área. Allí indicó que mantuvo una reunión con el hermano del fallecido junto a su esposa y estos les pidieron que clausuraran el geriátrico.
“Nos contaron que el actual fallecido estaba a cargo de su pareja y que el resto de sus familiares, hermanos y hermanas, y cuñados, tenían la entrada prohibida por incidentes que se habían suscitado en el lugar hace un tiempo. Mencionaron además que el año pasado otra de sus hermanas había radicado una denuncia al respecto ante la fiscalía en turno, denunciando nuevamente el día jueves próximo pasado, es decir el día anterior al haber concurrido a esta dependencia. Cabe agregar que después de una hora de diálogo e intercambio de información el matrimonio se retiró de esta Dirección habiendo comprendido nuestras limitaciones en el actuar y aceptando igualmente la ayuda que se les brindó y que nos volveríamos a ver tal como habíamos combinado. En este organismo se les explico, sin despreciar la envergadura de los hechos que aludían, que no teníamos competencia para tomar intervención. Explicamos y ratificamos que se trata de una institución privada, conveniada por Pami y permanentemente auditada. Va de suyo que no es el municipio quien detenta el poder de policía sobre los geriátricos sino la provincia. Igualmente se les reseñó cual era el marco de competencia tanto de la Dirección de Derechos Humanos como así también como del programa de asistencia a la víctima. Aun así, hicimos las averiguaciones pertinentes en la fiscalía, obteniendo como resultado que la denuncia interpuesta en el 2015 se encontraba archivada y que la reciente denuncia realizada aun no había sido elevada a la fiscalía”.
En el mencionado encuentro también estuvieron la Dra. Andrea Nicolasa Sánchez, abogada del Programa de Asistencia a la Víctima y Lorena Ríos colaboradora de la Dirección de Derechos Humanos.
Publicado por La Autentica Opinión – Edición del 08-04-16
Comentarios de Facebook