El ajuste donde más duele
Desarrollo Social canceló o suspendió 170 mil pensiones no contributivas desde que asumió Macri. La justificación es que sus titulares incumplían alguno de los requisitos. Es un cambio radical de la política hacia los más vulnerables.
El gobierno nacional utiliza un decreto de 1997 para justificar la baja de pensiones no contributivas por discapacidad. Es una medida dictada durante el menemismo que incorpora una serie de condicionamientos para la entrega del beneficio. Durante el kirchnerismo hubo flexibilidad en la aplicación de esa norma, al punto que los titulares de pensiones crecieron de 350 mil a 1,6 millón entre 2003 y 2015. Entre los requisitos figuran la acreditación de un nivel de discapacidad del 76 por ciento, la imposibilidad de que el beneficiario o su cónyuge estén amparados por el régimen de previsión o posean bienes o ingresos que permitan su subsistencia. La gestión de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social dio de baja 170 mil pensiones, de las cuales 83 mil fueron en la primera mitad de 2017. Desde esa cartera aseguran que las cancelaciones no responden a la necesidad de ajustar las cuentas públicas sino a una depuración del padrón. En cambio, fuentes gremiales denuncian situaciones de discrecionalidad generalizadas, en el marco de un cambio de fondo en la orientación de la política de cobertura social.
Las pensiones no contributivas fueron pensadas para atender contingencias de quienes no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. Desde su creación, la Comisión Nacional de Pensiones gestionó las pensiones a la vejez, por invalidez y para las madres de siete o más hijos, en carácter de derecho para quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad social. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo un trabajo intenso en esta área. En cambio, desde que asumió Cambiemos las pensiones no contributivas dejaron de considerarse un instrumento de la seguridad social, como reveló PáginaI12 a principios de abril.
El recorte se exhibe en menores pensiones otorgadas y mayores bajas por supuestas irregularidades, las cuales en un 40 por ciento de los casos debieron ser dadas de alta nuevamente por errores de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA). Sin embargo, los afectados debieron esperar más de seis meses en promedio para que les restablecieran el subsidio. Además, el otorgamiento de pensiones no contributivas cayó de algo más de 10 mil por mes en 2015 a 4700 por mes entre enero de 2016 y enero de 2017. En 2015 se aprobaron 125 mil pensiones, en tanto que en 2016 fueron 61.900.
“Las bajas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios”, fue la respuesta oficial de Desarrollo Social a través de un comunicado emitido ayer, el cual reconoce que en 2016 dieron de baja 90.000 pensiones.
En lo que va de este año, se eliminaron 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron otras 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos. Esto se debe al endurecimiento en las condiciones para al acceso a este derecho para los más vulnerables. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario del programa se enteró al ir a cobrar la pensión. Desarrollo Social no avisa previamente ni pide precedentes para aclarar la situación patrimonial. A la vez, desmontó los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, lo cual agrava los problemas entre los sectores más desprotegidos.
Entre las causas que aduce la Comisión para retirar la pensión, según las condiciones que establece el decreto del menemismo, se encuentran temas de patrimonio, como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión. Además, en el decreto se establece que Desarrollo Social debe tener en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar “como así también cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo”. Desde diciembre de 2015 se acumularon en las oficinas de Desarrollo unas 100 mil solicitudes de pensión que aún no tienen respuesta.
Fuente: Página 12
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