El Gobierno nacional dio un paso más en su plan de desguace del Estado: a través del Decreto 494/2025, publicado en el Boletín Oficial, habilitó el procedimiento para avanzar con la privatización total de AySA, la empresa estatal que brinda servicios de agua potable y cloacas a millones de argentinos.
La decisión llega apenas un día después de que se modificara el marco regulatorio de la empresa, allanando el camino para el desembarco de capitales privados. No se trata de una sorpresa, sino de una muestra más del rumbo ideológico que prioriza el negocio por encima de los derechos.
Privatizar AySA no es simplemente cambiar de manos una empresa: es dejar en manos del mercado un servicio esencial para la vida, como el acceso al agua. Experiencias pasadas —en Argentina y en el mundo— demuestran que cuando se entrega este tipo de servicios a empresas cuyo único objetivo es la rentabilidad, los resultados suelen ser tarifas impagables, abandono de zonas no rentables y caída en la calidad del servicio.
La medida se toma sin consulta pública, sin debate parlamentario y sin considerar el impacto social y ambiental. Se trata de una decisión unilateral que afecta directamente a millones de personas, especialmente a los sectores más vulnerables, que verán en riesgo su acceso a un recurso tan básico como el agua.
El Estado no solo debe garantizar que el agua llegue a cada hogar, también debe cuidarla como bien común. Dejar esa tarea en manos privadas no es modernización ni eficiencia: es una irresponsabilidad que puede tener consecuencias gravísimas.
Una vez más, el Gobierno elige el camino de la entrega. Y lo hace con el agua, el recurso más vital que tenemos.
Comentarios de Facebook