El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.
A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país.
Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.
Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y la educación no fue una excepción. A dos días del golpe, el contraalmirante César Guzzeti, delegado militar ante el Ministerio de Cultura y Educación, designaba uniformados en todas las direcciones nacionales y generales del Ministerio. Todas sus dependencias fueron ocupadas por miembros de las Fuerzas Armadas.
Se trataba de disciplinar al sistema educativo, y erradicar de él los elementos “subversivos”. Así, el Ministerio de Educación publicó un panfleto denominado “Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo”, que tenía por objetivo “erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino”. Por resolución Nº 538 del 27 de octubre de 1977, el folleto debía ser distribuido en todos los establecimientos educativos del país, entre personal docente, administrativos y alumnos, en caso de considerárselo adecuado. La desaparición forzada de personas fue muy extendida entre docentes, investigadores y estudiantes.
En 1978, al mando del coronel Agustín C. Valladares se llevó a cabo la “Operación Claridad”, como se denominó al espionaje e investigación de funcionarios y personalidades vinculadas con la cultura y la educación. Valladares mantenía reuniones con directivos de los establecimientos educativos a fin de lograr que se cumplieran sus órdenes. Transcribimos a continuación el testimonio de Rubén Cacuzza, quien como rector de una institución educativa, participó en uno de aquellos encuentros:
Fuente: Pablo Pineau, “Impactos de un asueto educacional. Las políticas educativas de la dictadura (1976-1983)”, en AA.VV., El principio del fin. Políticas y memoria de la educación en la última dictadura militar (1976-1983), Buenos Aires, Editorial Colihue, 2006, págs. 56-57.
Fue en 1978 en el salón de actos del Colegio San José de la Capital Federal debajo de una bóveda cubierta de pinturas renacentistas.
Había concurrido como rector apenas electo de un Instituto de la Provincia de Buenos Aires…
A pesar de que el salón estaba a oscuras, por las hendijas de luz del retroproyector se podía ver que el coronel estaba con uniforme de fajina y con anteojos oscuros. En el salón, los rectores y rectoras de la enseñanza privada, en su gran mayoría monjas y sacerdotes, escucharon en silencio al coronel cuando agitando una revista Redacción lanzó improperios contra su director, Hugo Gambini, acusándolo de marxista, subversivo y otras del mismo tenor.
El coronel estaba exasperado.
En una rápida revisión retrospectiva de la historia de las ideas en occidente fustigó a Mao, a Marx y a Freud, al racionalismo iluminista dieciochesco, a Descartes por haber inventado la duda, a Santo Tomás por atreverse a intentar fundar la fe en la razón y se quedó en San Agustín, en el concepto de guerra santa y en el de la guerra justa que enarbolaron los conquistadores españoles para imponer la encomienda y la evangelización. El coronel estaba furioso porque desde la primera reunión en 1977, no había recibido ninguna denuncia a pesar de que había dado no sólo los teléfonos del Ministerio sino los de su domicilio particular.
-¿Quiere decir que ni siquiera sospechan?- espectaba enojado y agregaba:
-Mientras ustedes están en la tranquilidad de sus despachos nosotros hemos matado, estamos matando y seguiremos matando. Estamos de barro y sangre hasta aquí- dijo señalando sus piernas más arriba de su rodilla.
Señaló con el dedo al auditorio silencioso y gritó:
-¡Basta de ombligos flojos!
Pasaron después una serie de acetatos con gráficos pertenecientes al folleto “Conozcamos a nuestro enemigo. Subversión en el ámbito educativo”. Folleto que fue entregado a los presentes.
Y en el cierre hubo un documento filmado sobre las acciones del ejército contra la guerrilla en Tucumán.
Finalmente, toda esa masa comenzó a abandonar el salón en silencio, caminado sin mirarse, hacia la puerta lentamente, concientes del terror en la piel porque en un año no habían denunciado a ningún docente de sus escuelas.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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