Antes de fin de año y nueve meses después del «hecho», la Justicia se encamina a tomar la principal decisión en la causa que investiga el trágico recital de Carlos «El Indio» Solari en Olavarría, que dejó dos muertos, cientos de lesionados y cuantiosos daños.
Dejó al músico, por ahora, al margen de las acusaciones y enfocarse en Matías y Marcos Peuscovich, los dueños de la productora En Vivo, empresarios que usó para sus últimos y más convocantes y lucrativos shows el alma mater de los Redondos de Ricota.
La Fiscalía de Delitos Complejos de Azul, que trabaja en determinar las responsabilidades penales del recital del 11 de marzo pasado, se apresta a imputar en los próximos días a los productores de «homicidio culposo, estrago doloso, estrago culposo con peligro de muerte y lesiones». Se trata de delitos gravísimos, que tienen penas mínimas de 3 años y máximas que escalan a los 20 años. Pero, afuera, quedan tanto Solari, como el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli; los policías que intervinieron en el operativo, como ningún funcionario provincial o municipal que intervino en las distintas etapas de la organización del recital. La imputación deberá tener una definición del juez que entienden en el caso, Carlos Villamarín, que tendrá que resolver si procesa o amplía la acusación.
«Si la Fiscalía imputa sólo a los Peuscovich, vamos a pedir que se extienda al Indio Solari, porque los tres son lo mismo, son una misma cosa. Solari los últimos recitales contrató a esta gente porque eran más baratos y hacían todo sin preocuparse por la seguridad. Si los imputan, vamos a pedir de manera automática la detención de los productores, pero también la del Indio», explicó a Clarín Fernando Burlando. Es el abogado que patrocina a Javier León y Juan Francisco Bulacio, los dos fanáticos que murieron, según el informe forense, por asfixia y falta de atención médica de urgencia.
Sin embargo, las fuentes judiciales que anticiparon la imputación de los Peuscovich aclararon a Clarín que la desvinculación del músico es provisional, porque «hasta ahora no se encontraron elementos probatorios que lo ubiquen como co-productor del show, sino que era un músico contratado que cobraba un cachet». De hecho, fueron presentados contratos de En Vivo donde sólo se asumían como responsables los hermanos.
La misma polémica sobre el rol de los artistas en un recital con saldo trágico ocurrió en el caso Cromañón, donde murieron 194 personas. La Justicia, en fallos que tuvieron hasta la intervención de la Corte Suprema, consideró a los músicos tan responsables como a los organizadores del show: de hecho, tienen condenas de entre 5 y 7 años de prisión.
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