La Legislatura bonaerense estudia por estas horas un proyecto de ley “candado” diseñado por el bloque del Frente Renovador, que intentará ser aprobado en la sesión del jueves, que limita la aplicación del 2 x1 luego que un controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación redujera la pena de un condenado por delito de lesa humanidad.
Al respecto, Ramiro Gutiérrez, diputado y vicepresidente del Cuerpo, es el autor de la norma y afirmó que “desde el Frente Renovador diseñamos un artículo candado que cierra la interpretación judicial para aplicar el 2×1, establecemos la prohibición absoluta de su aplicación como ley más benigna en el contexto del proceso penal bonaerense, sea para delitos de lesa humanidad, sea para delitos comunes”.
“El polémico fallo que habilitó el 2×1 significó un retroceso para todos, menos para la mayoría de la Corte Suprema” dijo el legislador, “por eso estamos proponiendo en la Provincia de Buenos Aires un punto final a las interpretaciones judiciales que permitían la ficción de que un día de detención se cuente como dos”.
En una ventana temporal abierta por el Congreso de la Nación Argentina, un día de encierro se consideró y validó como si fuesen dos. Esta ley fue luego derogada por el propio poder legislativo nacional, sin embargo, tres jueces de la Corte se encargaron de revivirla en el cuestionado fallo “Bignone”.
Por lo cual, añadió Gutierrez que “para evitar esa pervivencia y sus consecuencias dañinas para la sociedad y las víctimas, estamos cerrando de manera clara la posibilidad de aplicar el principio de ley más benigna para el caso de ‘sucesión de normas procesales’”.
Lo central de esta iniciativa es que puede ser replicado y tomado en cada provincia del país, con lo cual, una eventual sangría judicial por aplicación tardía del 2×1 quedaría vedada en la Argentina por decisión individual de cada provincia al modificar sus leyes procesales.
Además, se propone la creación de una Comisión Bicameral para monitorear todos los genocidas presos en cárceles bonaerenses hasta que se agote el último de los procesos.
En ese sentido, Gutiérrez resaltó: “Es necesario crear una Comisión de representación bicameral con la especialidad suficiente que le permita monitorear y verificar el cumplimiento de las mandas constitucionales y legales secundarias para los detenidos y alojados por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en los penales e instituciones de jurisdicción provincial”.
“Por la incidencia histórica que los sujetos activos de estos crímenes representan para nuestra memoria colectiva, en plena garantía del derecho a la información que deben poseer las víctimas y los ciudadanos en general, es necesario disponer de un órgano operativo del poder legislativo que monitorea su situación hasta el agotamiento de la intervención judicial en el último caso en juzgamiento”, explicó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.
La “Comisión Bicameral Para el Seguimiento y Monitoreo de la situación procesal de los Detenidos y Alojados por Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y Guerra en Unidades Penales Bonaerenses”, tendrá por objeto un seguimiento de cada una de las causas de quienes se encuentren alojados en el Servicio Penitenciario Bonaerense coordinando el registro y contralor de los procesos abiertos a fin de que el Estado provincial, representado en uno de sus poderes, sea un colaborador activo en cumplimiento de las obligaciones de nuestro país en materia de derechos humanos.
En esta obligación de doble vía, el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires es el organismo fundamental a fin de brindar la información actualizada que la Comisión requiera para la elaboración de sus informes, atento su carácter de institución de guarda y custodia de detenidos y alojados en la Unidades Penales Provinciales. De esta manera, y sin perjuicio de la facultad de la Comisión de requerir informes al Poder judicial respecto del estado procesal de las causas seguidas por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, el proyecto establece la obligación en cabeza del Servicio Penitenciario de informar el estado, así como cualquier modificación o vía incidental que pudiera modificar la situación de las personas sujetas a proceso por los delitos referenciados.
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