Los trabajadores tareferos de pueblos originarios sumergidos en absoluta esclavitud son los más perjudicados mientras todos miran al costado. Foto InfoBaires24/Infogei
Algo más de una decena de empresas productoras de yerba mate de primeras marcas de Misiones, que capitalizan un negocio millonario con visos de ilegalidad del país, preparan sus anuncios de nuevos listados de precios que llevarán a que matear sea un lujo en la costumbre Argentina. Informe del periodista Daniel Segovia publicado en el portal de noticias InfoBaires24.
El informe, señala que el gobierno nacional “sumergido en aprender a gobernar con fórmulas explotadoras olvidó voluntariamente tratar la problemática de la yerba”, sostén principal de la economía regional en negro de Misiones y Corrientes.
Luego afirma que el ministerio de Agricultura de la Nación “desconoce” el valor de la hoja canchada (para la que se requieren tres kilos de hoja verde) y por consiguiente tampoco conocen el precio de la salida de planta.
Segovia sostiene que el gobierno de Misiones no puede solucionar la crisis y las decisiones que se acuerdan para luchar con los sectores no tienen asidero en una provincia donde “la ausencia voluntaria del gobierno nacional obliga a una población a mantenerse en silencio o morir si levanta la voz”, en tanto el poder judicial “connivente”, que de oficio solo actúa para el robo, y fuerzas de seguridad al servicio del cuidado de los grandes terratenientes.
“Mientras la DEA pernocta por Misiones, el gran negocio continúa preparándose para comenzar en marzo la máxima demostración de explotación y esclavitud laboral del país. Con la ausencia de la Afip que es voluntaria y la asistencia de Anses a hijos de ricos”.
Negocio en negro
Más adelante la investigación remarca que las empresas que dominan el negocio en negro compiten en un mercado en el que existen más de 200 marcas elaboradas por unos 140 molinos. Pero sólo 10 marcas concentran el 80% del mercado. Se trata de Taragüí (Las Marías); Rosamonte (Hreñuk); Amanda (La Cachuera); Cruz de Malta y Nobleza Gaucha (de Molinos Río de la Plata); La Tranquera (Llorente); Playadito (Cooperativa Liebig); Piporé (Coop. Santo Pipo); Aguantadora (Coop. Montecarlo) y Andresito (Coop. Andresito), todas pertenecen a la zona productora de Misiones y algunas a Corrientes.
En tanto que las cámaras que agrupan a buena parte de estas firmas y cooperativas, negocian entre gallos y medianoche el precio de salida del producto verde. Un gran negocio que junto a industriales pactan precios sin control de nadie. Son los propios molinos los que producen la yerba, la secan, estacionan, muelen y manufacturan a través de cientos de tercerizaciones en negro.
Batalla perdida
En épocas de Cristina Fernández se libró una dura lucha con estos sectores hasta el punto que por decisión de la ex presidenta se condenó con aplicarles Ley de Abastecimiento.
Los pequeños productores denunciaron que este gran negocio de unos cuantos no tiene freno y con las políticas nacionales y provinciales de misiones y corrientes no hay ninguna solución.
“Los intendentes y su policía corrupta con funcionarios empresarios yerbateros son alguno de los beneficiados entre otros de este millonario negocio oculto y cada uno cuenta con un séquito de custodia policial que abandonaron su función de seguridad de los pueblos para dedicarse a producir yerba también”.
Explotados
Los industriales están pagando tres pesos y algo más por kilo de hoja mientras que el precio oficial está establecido por arriba de los 5 o 6$. Además lo hacen con cheques con plazos de hasta once meses, mientras que por necesidad los productores son obligados a firmar por estos valores oficiales pero recibir menos: el diezmo oculto.
Los trabajadores tareferos de pueblos originarios sumergidos en absoluta esclavitud son los más perjudicados mientras todos miran al costado.
Varios intendentes de distintas localidades de Misiones regentean el comercio ilegal de cerca puesto que son los mayores productores de yerba propia.
Los pequeños productores confirman que ningún Molino paga al contado, para complicar a los pequeños secaderos que luchan por créditos bancarios para sostenerse con la mala noticia que los pagos de los famosos “cheques adelantados” (como los llaman en misiones) no son aceptados por las entidades bancarias porque la mayoría son a más de 180 días para la acreditación, provocando una cadena de deuda de la que es imposible salir.
El cuestionado Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) o Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) que deberían controlar en apoyo a los pequeños productores, son aliados de los grandes empresarios y marcan un agravante a la situación con los subsidios de interzafra que son una vergüenza. (InfoGEI)Jd
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