En las últimas semanas varios casos pusieron sobre el tapete las fallas de la justicia en materia de detención de presos. La provincia de Buenos Aires no está exenta y en lo que va del año, un preso cada 33 horas no regresa de las salidas transitorias. El dato es oficial y preocupa, más que nada porque varios de ellos suelen protagonizar hechos de inseguridad estando prófugos.
Durante los primeros tres meses y medio de 2017, los jueces han otorgado 345 salidas transitorias y 74 de los presos que salieron del penal jamás volvieron. De acuerdo a la ley vigente, los magistrados pueden conceder el beneficio de salir por unas horas de la cárcel a los detenidos a partir del cumplimiento efectivo de la mitad de la condena.
La estadística del año pasado indica que 1.172 internos accedieron a salidas transitorias y 274 no retornaron en tiempo y forma. Esto significa que el 23,37 por ciento no respetó el beneficio. Es decir, uno de cada cuatro presos opta por ser declarados prófugos.
De acuerdo al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), al analizar la situación de los penales a diciembre de 2015 se reveló que la población carcelaria era por entonces de 71.464 internos, la cifra más alta de los últimos diez años.
Debate sobre el Código Penal
En este contexto, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, dio un crudo diagnóstico: hay cerca de 34.000 presos, mientras que la capacidad en plazas es para unos 25.000. Es decir que el hacinamiento alcanza casi a 10.000 reclusos.
Ferrari además reconoce dos cuestiones claves: la falta de recursos para construir cárceles sin la actualización del fondo del Conurbano, y la necesidad imperiosa de reformar el Código Penal para que los delincuentes detenidos por delitos graves, como homicidios y violaciones, entre otros, cumplan la pena sin ningún tipo de beneficios, esto es libertad condicional o salidas transitorias.
“Los artículos 13 y 24 del Código Penal tienen que ser revisados”, dijo el funcionario provincial, quien añadió que “hay una comisión que está en el marco del Ministerio de Justicia de la Nación que está trabajando en la reforma del Código Penal, por lo tanto resulta oportuno que miremos a las víctimas”.
Ferrari opinó que “en estos delitos de semejante gravedad, si alguien es condenado a 25 años tiene que cumplir los 25 años”. Además dijo que esta posibilidad de revisar las condenas “significa un menoscabo del derecho de las víctimas”. Y agregó que “es oportuno el debate sobre el Código Penal y proteger los derechos de los damnificados”, pero aclaró que “hay que atender a la gravedad de los delitos. Y creo que el debate hay que darlo”.
Luego, Ferrari expresó que “esto no significa que tengamos que trabajar en la reinserción social de aquellas personas que cometen delitos de inferior gravedad”, y destacó que “la gobernadora María Eugenia Vidal está absolutamente comprometida con la idea de que el sistema carcelario se incorpore al sistema de seguridad y trabajemos la educación, el trabajo y el deporte de aquellas personas que están detenidas”. (InfoGEI) Mg
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