La desaparición del joven bonaerense Santiago Maldonado en una comunidad Mapuche en la provincia de Chubut, trajo al debate de la opinión pública las realidades y reclamos de los Pueblos Originarios en el territorio nacional.
La permanencia y resistencia de comunidades originarias en el norte y sur del país parecen ser las más populares, pero no por ello las únicas. En territorio bonaerense los reclamos de pueblos originarios también se multiplican.
Trazando el mapa
Sin embargo, antes de avanzar con el problema algunos datos para comprender mejor el conflicto.
Según el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, se registra 91 comunidades en la provincia.
Y los datos del último censo dan cuenta de estas cifras. En territorio bonaerense viven 298.311 personas que se reconocen como descendientes o miembros de comunidades indígenas. De ellas, y pese a que sus antepasados se dedicaron a la agricultura y la ganadería, el 93% vive en áreas urbanas.
Relación conflictiva
De acuerdo a un relevamiento de Amnistía Internacional, con ayuda de otras organizaciones, son 21 los conflictos que existen en la jurisdicción, en su mayor parte por tenencia de tierras.
El estudio, que se actualiza de forma periódica manifiesta que trece de esos conflictos se ubican en el Conurbano bonaerense y tres en el Gran La Plata; el resto, en el interior provincial, en distritos como Azul, Olavarría, Junín y General Vimonte (Los Toldos).
Problemas de asentamiento, regularización dominial, insuficiencia de las tierras que ocupan, y el reclamo de un territorio propio para reunir a miembros dispersos aparecen entre los principales problemas dentro de la superficie bonaerense, que concentra casi el diez por ciento de los casos que existen a nivel país.
Los pedidos, para solucionar estos conflictos tienen que ver con la restitución de las tierras, el otorgamiento de predios como parte de una reparación histórica o la posibilidad de conservar sitios donde encontraron restos arqueológicos.
Cuestión legal
El re-surgimiento de esta problemática se dio en medio del tratamiento de la prórroga de la Ley 26.160, de Emergencia Territorial, que vence a fines de noviembre. El Senado de la Nación aprobó el miércoles 27 de septiembre la iniciativa, que pasó a Diputados para su sanción.
La propuesta, establece la prohibición de desalojos en todo el país, y a la vez implementa un relevamiento técnico-jurídico catastral para mensurar los territorios de las comunidades originarias. Esto estaba previsto en el texto de la ley, sancionada en 2006, pero nunca se aplicó en su totalidad.
Caso emblemático
En Los Toldos vive la población mapuche más grande de la provincia de Buenos Aires: son 1370 familias. Desde hace años, pelean por la restitución de 4000 hectáreas de las que afirman haber sido despojadas en el último siglo por engaños o ventas efectuadas a precios irrisorios.
Cabe destacar en este caso que hace unos 150 años, el entonces presidente Bartolomé Mitre les otorgó por Ley a los mapuches 16.408 hectáreas, de las cuales hoy solo conservan 1000.
Este caso puede generar jurisprudencia. Ya que al ser tan generalizado el reclamo, la Defensoría del Pueblo bonaerense, en acuerdo con la Municipalidad de General Viamonte y el INAI, realiza un relevamiento jurídico de los campos que los mapuches afirman que tuvieron que vender irregularmente. Cuando esté ese detalle, la comunidad iniciaría demandas individuales. (InfoGEI) Mg
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