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Femsa, principal embotelladora de Coca Cola, pidió un procedimiento preventivo de crisis por la caída de consumo

20/02/2019

Frente a la caída fuerte del consumo en los últimos meses, la empresa mexicana Coca Cola-Femsa, la principal embotelladora de la gaseosa en el país, le pidió al Ministerio de Producción y Trabajo un procedimiento preventivo de crisis (PPC) para negociar, conjuntamente con el sindicato, cómo hacer frente a los aproximadamente 80 despidos que necesita realizar.

Hoy se realizó la primera reunión en la que los representantes expusieron la situación de la empresa y el viernes se realizará un nuevo encuentro para analizar el camino a seguir.

En los últimos días otras compañías optaron por una estrategia similar. Fate, el fabricante de nuemáticos, podría despedir hasta 400 empleados y Avianca Argentina, que asegura que tiene 80 pilotos para dos aviones, busca dejar de pagar cargas sociales y negociar retiros voluntarios.

Según informó Femsa, «la empresa está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo». En ese contexto -agregó en un comunicado- la compañía presentó un procedimiento preventivo de crisis para su planta del barrio de Nueva Pompeya.

Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo.

Según la consultor Scentia, el rubro bebidas sin alcohol fue el que regristó la mayor caída de venta en enero con una baja interanual de 14,1 por ciento.

Despidos

La compañía cuenta con 2.500 empleados, pero en esa planta por la que presentaron el PPC trabajan unos 800. De ese total, la empresa asegura tiene que deshacerse del 10 por ciento. La figura legal contemplada en la Ley de Empleo establece que para las compañías de más de 1.000 empleados, deben presentar el PPC cuando quieren despedir a más del 5% y es el caso de Femsa.

La empresa asegura que no busca pagar el 50% de las indemnizaciones, sino que hará frente a todos sus compromisos con los trabajadores. El objetivo del Gobierno es buscar una salida intermedia para minimizar los despidos. Buscará ofrecerle los programas disponibles en la cartera laboral, como el plan de transformación productiva y los Repro.

infobae.com

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La reciente represión en una marcha pacífica en defensa de los derechos previsionales de los jubilados dejó una imagen desgarradora que ha conmocionado al país: una niña, que participaba junto a su madre, fue brutalmente agredida por las fuerzas de seguridad. Esta escena, que no solo debería ser impensable, sino inadmisible en una democracia, ha encendido todas las alarmas sobre el uso desmedido de la violencia estatal. La marcha, convocada para expresar el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre una ley que buscaba mejorar la situación de los jubilados, se convirtió en un escenario de represión descontrolada. Entre gases y golpes, una niña quedó en medio de la violencia, una víctima inocente en una manifestación que luchaba justamente por los derechos de quienes más necesitan protección: nuestros mayores. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, un gobierno ordene reprimir a ciudadanos que defienden derechos legítimos, y mucho más alarmante es que una menor haya sido agredida de forma indiscriminada. Este acto no solo vulnera todas las normas constitucionales y tratados internacionales que protegen a la infancia, sino que además muestra una peligrosa falta de humanidad y sensibilidad por parte de quienes deben garantizar la seguridad de todos. La violencia ejercida sobre esta niña no solo genera indignación, sino una profunda preocupación por el rumbo que está tomando el país. ¿Cómo llegamos a un punto en el que se agrede a una menor en una protesta pacífica? Este episodio deja en evidencia el abuso del poder y la deshumanización en la respuesta estatal, poniendo en riesgo el respeto por los derechos básicos de todos los ciudadanos. La agresión a esta niña, junto con la violencia desmedida contra los manifestantes, nos obliga a replantearnos el papel de las fuerzas de seguridad y las políticas que permiten estos excesos. La sociedad no puede permanecer indiferente ante la brutalidad dirigida hacia los sectores más vulnerables. Es urgente que se investigue y se sancione a los responsables, y que se establezcan garantías para que episodios como este no vuelvan a ocurrir. No es solo un ataque a una niña; es un ataque a nuestros valores más fundamentales. Hoy más que nunca, debemos alzar la voz en defensa de la justicia, el respeto y la dignidad humana.