El funcionario que investiga los casos de reducción a la servidumbre y explotación laboral en campos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires consideró que «era esperable que esta crisis se desatara» y sostuvo que «cada uno se tiene que hacer responsable» por lo que no ha hecho hasta ahora. Señaló que en el país «hay un vacío en la parte penal» para combatir estos hechos.
Las situaciones de trabajo esclavo se reproducen en la provincia de Buenos Aires y los operativos que comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes desde el resonante caso de Nidera en diciembre pasado siguen encontrando peones rurales en condiciones infrahumanas.
A los casos de multinacionales y grandes empresas semilleras se suman los de dos pequeños productores de guinea de las localidades de Doyle y Santa Lucía, detectados por Uatre en el partido de San Pedro, zona de influencia de las investigaciones del Fiscal Darío Giagnorio, del Departamento Judicial de San Nicolás.
El Fiscal dialogó con La Noticia 1 tras el operativo en Pueblo Doyle, donde fueron encontrados trabajadores en malas condiciones de salud, seguridad, higiene y con violaciones a las leyes laborales vigentes.
«Es todo una historia muy difícil de resolver», reflexionó el Fiscal respecto a la multiplicidad de casos que aparecen desde que él mismo se puso al frente en la región, donde según manifestó debe haber «más de mil personas en la misma situación».
«No sé de qué manera le van a encontrar la vuelta, pero cada uno se tiene que hacer responsable por su espacio no cubierto», indicó Giagnorio, quien señaló que «era esperable que esta situación de crisis se desatara».
Especializado en el tema en la Organización de Estados Americanos, el titular de la UFI N° 6 de San Nicolás expresó que «aquí se ve una violación sistemática de todas las leyes existentes», y lamentó que «no tenemos sanciones penales por explotación laboral, como en otros países, hay un vacío en la parte penal».
Opinó que el Ministerio de Trabajo debería «determinar un estado de emergencia» que permita avanzar sobre los casos y establecer criterios para la resolución de las penosas situaciones que sufren muchos trabajadores rurales. «Hay que seguir trabajando para que las cosas cambien», afirmó.
Además, señaló que estos casos descubiertos ahora «son parecidos, pero diferentes a lo de Nidera: acá hablamos de explotación extrema laboral, más que reducción a la servidumbre». En ese sentido, dijo que «el doctor (Ricardo) Priatti -Juez de Garantías de San Nicolás- está evaluando» los pasos a seguir.
Los últimos casos corresponden a dos productores de la zona, que tienen pequeños campos con guinea, cuya tarea de corte se realiza en esta época. El productor de Santa Lucía -identificado como Oscar «Cachi» Martínez- tenía 26 trabajadores hacinados en viviendas en mal estado y un colectivo viejo que oficiaba de albergue.
En el segundo caso, un productor identificado como Alberto Regueiro, tenía 10 trabajadores de la vecina localidad de Gobernador Castro en una casa semiabandonada, durmiendo en colchones en el piso, sin heladera, cocina ni baño, con electricidad precaria y cables pelados, y una bomba de agua eléctrica en el pasto, con una manguera que hacía las veces de ducha.
En ambos, los trabajadores estaban en negro y el Ministerio de Trabajo de la provincia, a través de su Delegación local, mantenía reuniones con los responsables de los establecimientos para acordar el pago.
Además, había menores de edad que no contaban con el debido permiso de sus padres y que trabajaban a la par del resto, más de 10 horas diarias.
Tras tomarles declaración en el Destacamento policial de Santa Lucía, suspendieron las tareas de trabajo en el campo y los devolvieron a Gobernador Castro, su localidad de origen.
Lanoticia1.com
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