La decisión del gobierno bonaerense de vetar la ley que restituía el premio jubilatorio para docentes y estatales que se retiraron con 30 años de servicio, desató ayer un nuevo encontronazo con los gremios, que acusaron a la administración de Daniel Scioli de «incumplir» acuerdos paritarios y actuar de «mala fe».
Como anticipara este diario, la administración de Daniel Scioli vetó la ley que otorga un premio jubilatorio de 6 meses de sueldo a aquellos trabajadores que se retiraron entre 2002 y 2005 y que no cobraron ese plus a raíz de la vigencia de la ley de emergencia económica.
Este premio rigió en la Provincia hasta que fue suspendido por la emergencia. La nueva norma votada en diciembre por la Legislatura atendía una situación de injusticia generada por el propio Estado provincial, producto de que ese premio finalmente fue restituido por otra norma a partir de julio de 2005.
Así, quedó un «bache» que ahora había sido salvado por la nueva ley que abarca a los docentes de todas las ramas, estatales en general, como así también a quienes se retiraron cumpliendo funciones en Vialidad, Obras Sanitarias y los beneficiarios de la Caja de Abogados y Procuradores. La ley, además, buscaba dar una solución a una situación compleja para la Provincia, ya que muchos de los jubilados involucrados iniciaron acciones legales para conseguir el cobro.
LOS ARGUMENTOS
Para el gobierno provincial era «imposible» dar cumplimiento a la ley. «Mandaba imputar el gasto al ejercicio 2007», dijeron en el ministerio de Economía. Su titular, Alejandro Arlía, alertó sobre esta situación y aconsejó el veto, según trascendió.
Pero además, en el Ejecutivo se quejan de que este proyecto «no pasó por las comisiones de Presupuesto y Previsión de la Cámara de Diputados, por lo que no se cuantificó el impacto financiero ni se determinó qué cantidad de gente estaba alcanzada». El cuestionamiento, obviamente, alcanza al propio oficialismo que también votó esta norma.
LAS REACCIONES
Frente al veto, los gremios reaccionaron con dureza. La titular de la FEB, Mirta Petrocini, dijo que la medida «es otro ataque directo a los derechos de los docentes», y agregó que «al gobierno no le alcanza con los descuentos por paro, sino que ahora recurre a un derecho que había sido reconocido como legítimo por la Legislatura».
«El gobierno argumenta que la ley imputa las erogaciones al Presupuesto 2007 y no al Presupuesto 2010», pero, explicó, «es una cuestión puramente técnica, que podría subsanarse al momento de su reglamentación y no dejando sin efecto la decisión de la Legislatura».
En tanto, el secretario gremial de Fegeppba, Jorge Baldovinos, sostuvo que el gobierno provincial «ha ratificado una injusticia, tomando una decisión como si estuviéramos en emergencia cuando los propios funcionarios aseguran que se viene un año de fuerte crecimiento de la economía».
«Es un nuevo ataque a los trabajadores y se incumple un acuerdo paritario», añadió.
Finalmente, el dirigente de ATE, Claudio Leavi, dijo que el veto «es un atropello y una clara arbitrariedad», y recordó que «la recuperación de ese premio fue producto de un acuerdo paritario con los gremios del sector». Y añadió: «El gobierno no puede atribuirse la facultad de disolver unilateralmente un acuerdo de partes; eso es un acto de mala fe».
Diario El Día
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