El juez neoyorquino Thomas Griesa calificó de “inválido e ilegal” el proyecto de Ley impulsado por Argentina para el pagosoberano a los bonistas reestructurados y rechazó también el pedido formulado por los fondos buitre, que apuntaba a colocar al país en situación de “desacato” por llevar adelante esa iniciativa en el Congreso Nacional.
En la audiencia, que se extendió por espacio de una hora y quince minutos y que se concretó esta tarde en la sede de la Corte Distrital Sur de Nueva York, Griesa volvió a instar a las partes a que se sienten a negociar junto a, Daniel Pollack, el special master (mediador) designado por el propio magistrado.
“En este caso, está tan claro como puede estar, que de alguna manera, en algún momento, espero más temprano que tarde, habrá un acuerdo” entre las partes, afirmó el juez.
El magistrado rechazó a la vez el pedido de imponer la figura de “desacato” al país, formulada por los fondos buitre NML y Aurelius, tanto en el encuentro de hoy como en la carta que le enviaron ayer para solicitar una “audiencia de emergencia”, tras el anuncio del plan de pago soberano realizado por Argentina el martes por la noche.
“¿Cómo (la figura) de desacato contribuye a un acuerdo?”, les preguntó Griesa a los abogados de los fondos buitre, al argumentar su decisión de rechazar el pedido formulado por los holdouts.
El abogado de NML, Robert Cohen, sostuvo que ellos comparten el hecho de que “tiene que haber un acuerdo” entre las partes, pero alegó que “la República tiene que sentir (…) la necesidad de acuerdo” para que esa instancia sea lograda.
En esa línea, Cohen sugirió la aplicación de sanciones al país aunque luego, tras la pregunta realizada por el juez, agregó que las mismas podrían ser discutidas en otra audiencia convocada para el mes de septiembre.
Por su parte, el abogado de Aurelius, Edward Friedman, sostuvo que aplicar la figura de desacato contribuiría porque enviaría «un claro mensaje” a Argentina y a terceras partes que podrían asistir al país en la iniciativa de pago soberano.
Friedman planteó entonces implementar un proceso de dos pasos: primero el desacato y luego las sanciones.
Al respecto, el letrado representante del país, Carmine Boccuzzi, afirmó que la figura de desacato no contribuiría de ninguna forma a lograr un acuerdo negociado entre las partes. También advirtió que “no hay bases” para aplicarlo dado que no hubo violación en las acciones que llevó adelante Argentina ni casos previos de países soberanos que hayan sido encuadrados bajo ese marco legal.
Lo que la República Argentina “está haciendo, es abiertamente, un proyecto de Ley como parte de un proceso democrático”, explicó Boccuzzi.
Luego de las intervenciones de los abogados de las partes, Griesa tomó la palabra en los últimos 35 minutos de audiencia, tras la exposición de los abogados que estuvo enmarcada en la descripción de los últimos acontecimientos en torno al caso y argumentaciones legales.
El magistrado reiteró que, según lo que dicta su fallo, si Argentina realiza el pago de intereses a los bonistas reestructurados, debe también pagar a los tenedores de títulos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, que litigaron ante su juzgado.
Griesa dijo que el proyecto de Ley enviado al Parlamento para su tratamiento, no contiene “provisión” de pago a los bonistas que rechazaron los canjes, por lo que es “inválida e ilegal”.
El magistrado denegó asimismo, el pedido de desacato formulado por los fondos buitre, argumentando que en estas instancias no contribuye en la continuidad del caso y convocó a las partes a seguir con un “proceso que lleve a un acuerdo”.
Telam
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