Guillermo Oliveri cobró $459.783,09 por licencias adeudadas desde 2011

Así lo informó La Nación este lunes donde además cuenta que el ex canciller Héctor Timerman finalizó sus funciones el pasado 9 de diciembre, aunque no sin antes cobrar una importante liquidación de haberes sustitutivos (vacaciones) acumulados por seis años. Según el recibo de sueldo, el monto por licencias no usufructuadas fue de $575.350.

Es el caso del actual concejal Guillermo Oliveri, ex secretario de Culto de la Cancillería y Juan Landaburu, ex subsecretario de Culto. Ambos cobraron $459783,09 y $362.988,13, respectivamente, por licencias acumuladas desde 2011

La aprobación del pago fue autorizada por la ex secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, Paula Ferraris. Esta funcionaria que estuvo alineada con Timerman también permitió la liquidación de sus propias vacaciones, acumuladas por cuatro años, por un total de $484.540,64 autorizado antes de que finalizara la gestión de Cristina Kirchner.

«La situación de estos pagos fue completamente legal. No se consultó con las nuevas autoridades porque se realizó dentro del período correspondiente a la administración anterior. Cuando un funcionario termina con sus actividades se pide la liquidación de las vacaciones que no se hayan tomado y se les paga. En este caso se hizo antes de que cambie el gobierno para poder liquidar los aguinaldos luego», explicó Ferraris a La Nación.

Cuando se le preguntó por un eventual conflicto de intereses al cancelar ella misma sus haberes, aseguró: «No hay problemas de competencia. Era la responsable de autorizar tanto estos pagos como los de los embajadores», dijo.

Si bien las vacaciones de estos funcionarios figuran en el Sistema de Administración de Recursos Humanos como licencias «vencidas», la ley del empleo público, que contempla que no se pueden acumular licencias por más de dos años, exceptúa a de ello al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros, al Secretario General de la Presidencia de la Nación y a los secretarios y subsecretarios. En este caso particular, las vacaciones pueden mantenerse hasta por un período de 10 años sin que se venzan y pueden ser cobradas al cese de funciones. La justificación es que, por razones de servicio, muchas veces ciertos funcionarios no pueden tomarse las licencias anuales correspondientes, que son un derecho de cualquier trabajador.

Al respecto de si estos pagos podrían ser revisados por las autoridades del nuevo gobierno, Carlos Rinaldi, a cargo de la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Cancillería, dijo: «De existir alguna irregularidad, la auditoría interna de Cancillería podrá revisar la documentación correspondiente y expedirse al respecto». Por el momento, la auditoría permanece acéfala desde que la dejó Alejandro Peirou y se encuentra a cargo el auditor adjunto, Gustavo Paolella, quien prefirió no hablar.

Fuente: La Nación