Rubén Pérez, jefe del Coprosede, imputado por encubrir a los protagonistas de la violencia en el fútbol. Mamita.
GUSTAVO GRABIA | [email protected]
Si lo que la Justicia sospecha, es real, la percepción de la connivencia entre el Estado y las barras será una verdad irrefutable. La bomba se cocinó seis meses y tendrá mañana su estallido: Rubén Pérez, titular del Coprosede, fue citado a declaración indagatoria imputado del delito de encubrimiento en favor de oficiales bajo su mando y barras de Estudiantes de La Plata, por la emboscada que una fracción le hizo a la otra en el partido que el Pincha jugó contra Nacional en el Unico, el 25/6/09, por la semifinal de la Libertadores, y que terminó con un herido de bala. El escrito con la firma del fiscal Jorge Paolini está en la Cámara de La Plata y dice que «del estudio de las constancias reunidas, surgen elementos suficientes e indicios vehementes de la presunta comisión de delitos de acción pública» del secretario del Coprosede. El mayor, la confección de un acta para falsear lo sucedido aquella noche, que se habría creado 20 días después del hecho, cuando la investigación ya apuntaba a la connivencia entre los barras y quienes deben combatirlos. De hecho, en esta causa ya hay un funcionario del Coprosede procesado, Osvaldo Domínguez, alias Bocha, por armar una zona liberada para la agresión. Pero la Justicia por primera vez no se quedó con un cuadro intermedio y va por más: la mira está puesta en el principal responsable de Seguridad Deportiva de la Provincia, ámbito donde más partidos y barras se mueven por fin de semana.
La causa nació tras el match. Esa noche, la barra oficial que lideraba Fabián Giannotta, ex cabo exonerado de la Bonaerese, ocupaba la cabecera Norte. Sus rivales, la Sur. El primer grupo cruzó el estadio y en la agresión con armas de fuego hirió a Sergio el Uruguayo Chans. La Policía primero negó los revólveres y entregó imágenes difusas a la Justicia. Pero Olé consiguió material exclusivo mostrando lo ocurrido y quienes habían participado. Ahí, la Justicia actuó, allanó el Unico y obtuvo los videos donde se veía a los barras desplazarse junto a dos personas que, tras las declaraciones de los involucrados, resultaron ser oficiales del Coprosede que les franqueaban las puertas que custodiaba Infantería. Esto fue corroborado por las declaraciones de quienes cuidaban esas puertas y por el barra Ponce Molina, quien aseguró: «Ibamos con dos del Coprosede que se comunicaban vía handy con otros dos que daban las órdenes para que abrieran». La Justicia sospecha que quien daba la orden era de alto rango.
Encima, con la fiscalía pisándole los talones, en el Coprosede cometieron un error grande. Según la Justicia, para cubrir todo, el 14/7/09, 20 días después de jugado el encuentro, Rubén Pérez habría confeccionado un acta falsa poniéndole fecha 24/7/09, es decir, un día antes del partido, dictaminando que en el mismo habría libre circulación de hinchas por el estadio. Con eso encubría la connivencia, porque si el acta pasaba quedaría establecido que no era necesaria la presencia del Coprosede para liberarle la zona a la barra oficial. Y la presentaron sin imaginar el contraataque: desconfiando, la Justicia allanó la dependencia y descubrió la verdad. Eso pasó en agosto y se esperaba la indagatoria a Pérez. Pero el tema era sensible y por seis meses, el poder político y la Justicia jugaron al gato y al ratón. Hasta que ahora se bajó el martillo: el titular del Coprosede deberá declarar por la supuesta comisión del delito de acción pública. Ojalá tenga una explicación y todos podamos confiar en quienes deben proteger a los hinchas y pelear contra los barras. De no ser así, la bomba explotará y quizá arrase con un sistema oscuro, para crear un nuevo orden sin vínculos con los negocios que se tejen alrededor de la violencia en el fútbol.
Fuente: Diario Deportivo Ole
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