Luis Lázzaro, periodista y especialista en Educación, Lenguajes y Medios. Foto de archivo/InfoGEI
En una nota especial para IADE-RE, el periodista y especialista en Educación, Lenguajes y Medios, Luis Lázzaro*, realiza un profundo análisis sobre el nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Concentración, negocios y modelos culturales en tiempos de plataformas globales.
En la segunda entrega de este informe, el periodista Luis Lázzaro, presentó un recorrido donde se realizó un panorama sobre el contexto mundial en cuanto a los mercados audiovisuales y las normativas que regulan el sector. Aquí la tercera y última parte.
América latina en la encrucijada de la cultura digital
Las políticas públicas en materia de cultura y audiovisual se debaten en la región sur del continente entre la protección de los contenidos locales y la restauración de las tesis del neoliberalismo. Esa tensión atraviesa el escenario argentino y latinoamericano.
América latina creó en la primera década del siglo XXI un conjunto de iniciativas que alimentaron la esperanza de una “conexión constructiva” regional cimentada en leyes, reformas constitucionales y marcos regulatorios que auspiciaron la producción de contenidos nacionales. La Argentina, Brasil, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia, en distintos grados y medidas buscaron en su ADN cultural los signos que permitieran recuperar historias y patrimonio regional.
El informe de UNESCO estableció, en forma destacada una vinculación directa entre la adopción en la Argentina de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y el incremento registrado de contenidos nacionales en las televisoras locales. Textualmente dice el informe: “En Argentina, la ley de 2009 de servicios de comunicación audiovisual permitió hacer progresar los contenidos locales en los canales del país en un 28%.”
No se explican esos resultados sin las cuotas previstas de contenido nacional (60%), local (15 a 30%), propio (30%) e independiente (10 a 30%)[7] en las señales televisivas de la Argentina, así como la promoción de prestadores diversos y el estímulo a una industria de productos culturales que se acercó al 3% del PBI en 2014.[8] También el desarrollo de medios públicos provinciales y universitarios, así como la creación específica de fondos de fomento al sector cinematográfico y audiovisual, mediante las imposiciones previstas en el artículo 97 de la citada norma.
El caso Argentino
Los avances regulatorios logrados con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitieron establecer pautas para reconsiderar las hegemonías multimediáticas sobre la producción, distribución y circulación de informaciones y contenidos culturales, como parte de una problemática política más amplia. Sin embargo, esa normativa que nació como un reclamo con la movilización social en 2004, no logró incluir el impacto de los servicios convergentes de telecomunicaciones y radiodifusión en sus límites de concentración de mercado y propiedad cruzada.
En diciembre de 2014 la Argentina sancionó una ley para regular el mundo digital. La norma reemplazó un viejo decreto originado más de 40 años atrás. En esas décadas la Argentina padeció consecutivamente el Terrorismo de Estado (1976-1983) y el descalabro de la década neoliberal (1989-2001) que coincidieron en silenciar voces, desmantelar el Estado y entregar las telecomunicaciones al mercado y las corporaciones extranjeras. Sin embargo, la nueva norma renunció a regular contenidos a la hora en que las redes distribuyen productos televisivos.
La ley 27.078 (Argentina Digital) pudo ser un paso adelante en tanto declaró la infraestructura de acceso a las TIC´s como un servicio público que debe administrarse anteponiendo el derecho humano a la comunicación. La norma, sin embargo, dejó fórmulas poco estrictas para frenar las posiciones de hegemonía en las plataformas de telefonía e internet y posibilitó la gestión de medios audiovisuales por parte de prestadores de telecomunicaciones.
A fines de 2015, el cambio gubernamental volvió a someter las políticas audiovisuales, de gestión y acceso a tecnologías de la información a las matrices de inspiración liberal. Un regreso al laissez faire en la economía que deja a la intemperie el conglomerado audiovisual nacional y su perspectiva de articulación con la digitalización televisiva y los contenidos por internet.
Sucesivos decretos convirtieron los televisores de 8 millones de argentinos en simples terminales de telecomunicaciones, despojadas de regulaciones de compromiso en cuanto a contenidos, origen de la producción y obligaciones de competencia por mejores servicios o de producción de noticieros locales. Los cuestionamientos jurídicos a las posiciones dominantes en los mercados audiovisuales quedaron sin efecto y en nombre de la convergencia tecnológica se alienta la concentración entre un par de corporaciones telefónicas internacionales y el principal multimedio local.
El debate por la regulación
A la vista de la “revolución” que se proclama desde las redes y la televisión mundial no lineal está claro que nuevos debates atraviesan la cuestión del salvataje identitario de regiones enteras del planeta. Las herramientas que nacieron hace pocos años están ahora amenazadas por nuevas ráfagas de neoliberalismo y el despliegue de de un sincretismo tecnológico que borra las fronteras de acceso a contenidos.
El debate sobre la regulación atraviesa ahora múltiples escenarios; no sólo el del origen o las plataformas de producción, sino también la propiedad cruzada, los algoritmos de búsqueda y selección o la cuota de mercado que permita establecer opciones de competencia y que prevenga posiciones de dominancia.
A pesar de los parámetros regulatorios y de fomento al contenido nacional en 2016 el cine argentino terminó con 7,3 millones de espectadores y 14,5% de cuota de mercado sobre 50,5 millones de espectadores, según cifras difundidas por el INCAA. Los títulos exhibidos bajo la firma Disney totalizaron el 34,6 del mercado y el 98 por ciento de los estrenos se realizaron bajo la bandera de barras y estrellas. En el nivel global Disney facturó solamente en 2016 unos 7.000 millones de dólares por sus películas, en las que sobresale la animación computarizada.
La estandarización y la homogeneidad productiva; la sinergia empresarial entre creación autoral, producción, distribución y comercialización (una cadena que ahora se integra desde el algoritmo que sondea las audiencias para conducir los guiones) no solo centralizan la factoría productiva en pocas empresas situadas con sede económica en los Estados Unidos, sino que formatean el consumo. Aplanan las tonalidades argumentales en fórmulas narrativas y secuencias discursivas; reducen y neutralizan los matices lingüísticos y promueven un relato único que demoniza y deifica personajes y territorios.
Es clara la necesidad de pensar la soberanía también en términos de la diferencia cultural que nos hace ser lo que somos y de la gestión autónoma de los dispositivos tecno-mediáticos que son la forma dominante de reproducción y producción de los símbolos que permiten que nos reconozcamos puesto que la Nación, como aparato político y simbólico, tiene una dimensión temporal en permanente movimiento. En esto, no será una diferencia de segundo grado que podamos asumir el desafío del reconocimiento desde una pertenencia barrial, regional y sudamericana o que la limitemos a las fronteras simbólicas trazadas por las representaciones del mercado de la comunicación.
Está en juego la trama que compone nuestra identidad y pertenencia. Las nuevas representaciones digitales son, al igual que la lengua, un campo de batalla donde los signos disputan el sentido y donde las convenciones simbólicas permiten el reconocimiento de una identidad. Y también un territorio en disputa para que nuestros ciudadanos tengan voz y voto real en la elección de su futuro imaginado. (InfoGEI) Mg
(*) Luis Lázzaro, además es Docente de Derecho de la Comunicación y la Información, en las Universidades de Avellaneda y Moreno y de TV Digital y Nuevas Plataforma, en la Universidad nacional de La Matanza
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