Desde el año pasado a esta parte, distintos municipios de la provincia de Buenos Aires vienen impulsando a través de los concejos deliberantes la implementación de una tasa vial destinada -en su mayoría- al mejoramiento de la traza vehicular de los distritos. Hay también algunos casos donde se avanza con la creación de otros fondos. La estrategia no distingue cuestión partidaria y tiene como contexto la inflación y la merma en los recursos propios, evidenciada -dicen los intendentes- en el recorte de fondos que viene aplicando el gobierno nacional.
Desde febrero de este año en General Pueyrredón (Mar del Plata) se aplica el cobro de una “Tasa Vial de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal”. Se cobra cada vez que un usuario carga combustible y representa el 1,86% del ticket final. El diputado provincial del bloque Libre, Guillermo Castello presentó una cautelar por el caso del distrito que gobierna Guillermo Montenegro con el objetivo de declararla inconstitucional, pero fue desestimada. En una reciente nota de opinión publicada en Infobae, el legislador ratificó que en el caso en particular de la tasa vial “no existe relación directa entre quien abona y quien goza del supuesto servicio y no existe proporción alguna en el monto, que depende de la cantidad de combustible consumido, con absoluta independencia del costo del mantenimiento o conservación”.
En Berazategui, donde gobierna Juan José Mussi, se votará este jueves en una sesión extraordinaria y será sobre el 2% de la carga de combustible.
Por estos días también se discute una medida similar en Quilmes. En el distrito gobernado por Mayra Mendoza, además de una tasa vial que representa el 2% de la carga en combustible, también se impulsó la tasa por cursos de manipulación de alimentos. Resta la asamblea de mayores contribuyentes para empezar a hacer efectiva la medida.
En Almirante Brown, también se aprobó semanas atrás la implementación de un tributo similar. Además de un fondo de fortalecimiento ambiental. En este último punto se le cobrará a los medianos y grandes comercios que elaboren y comercialicen “productos potencialmente contaminantes”. Contó con el respaldo de un sector de la UCR y LLA. “Las obras están paradas, si no hay recursos ni para tapar un pozo vamos a ser los primeros en criticar, hay que tener responsabilidad”, planteó el concejal del radicalismo, Andrés Acuña, en declaraciones al portal Política del Sur.
También rige desde tiempo atrás la tasa vial en la ciudad de Pinamar, que aplica un 3% a la carga de combustible. El tributo también funciona en Avellaneda, Escobar, Florencio Varela, San Isidro, Vicente López, Hurlingham, José C. Paz, entre otros. En Azul, antes de dejar su gestión, el intendente Hernán Bertellys (Juntos) había conseguido los votos para implementar una tasa destinada a los propietarios rurales que debían pagar el equivalente de hasta un litro de gasoil por hectárea. La medida fue ratificada luego por el intendente Nelson Sombra (UP).
Sin embargo, el impulso de la tasa vial que llevaron adelante algunos distritos está atada con la caída en la recaudación provincial y también municipal, la paralización de las obras nacionales, además de algunas del orden provincial que avanzan a un ritmo más lento de lo que lo hacían meses atrás.
En los últimos días, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO) planteó que “la tasa vial es la nueva moda en el Conurbano, pero muchos no ven que es peor el remedio que la enfermedad, porque “estas imposiciones se trasladan a precios, ahogan al sector privado desincentivando la inversión y el trabajo”.
El intendente también planteó que “la salida a la crisis no es subir la presión tributaria”. Además, puso el ejemplo de la Ciudad donde “no la cobra -la tasa vial- y eso nos quita clientes por estar cerca”.
Hay distintos mecanismos o estrategias que llevan adelante los intendentes para afrontar esta era política de ajuste desplegada desde el Gobierno nacional, que impacta en la gestión bonaerense y por decantación en las administraciones locales. Uno de ellos y que tiene que ver con la reactivación de la obra pública, por ejemplo, es el que empujan el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y su par de Quilmes, Mayra Mendoza, en la Legislatura bonaerense.
Se trata de la creación del Comité de la Cuenca Hídrica de los Arroyos San Francisco-Las Piedras; el organismo a crearse es una base legal y necesaria para conseguir el financiamiento internacional que permita realizar obras hidráulicas para mitigar los efectos temporales que azotan la región y provocan desbordes de los arroyos en una de las zonas más complejas en términos de infraestructura hidráulica de la región sur del conurbano bonaerense. El proyecto se aprobó semanas atrás en Diputados y resta ahora su sanción definitiva en la Cámara de Senadores bonaerense.
infobae.com
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