Había declarado en el juicio por la muerte del obispo Ponce de León durante la dictadura
El Gobierno lanzó un operativo para dar con un testigo de una causa por violaciones de los derechos humanos que fue denunciado como desaparecido por sus familiares el lunes pasado.
Víctor Oscar Martínez declaró en una causa donde se investiga la muerte del obispo Carlos Ponce de León, en un supuesto accidente de tránsito ocurrido en Baradero, en el norte de la provincia de Buenos Aires, el 11 de julio de 1977.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, dispuso la creación de una división especial integrada por personal de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos para investigar la desaparición de Martínez, y el ministro de Justicia, Julio Alak, llamó a una conferencia de prensa en la que repartió la foto del desaparecido.
Cuando se le preguntó a Alak si se estaba frente a un nuevo caso como la desaparición de Julio López, de quien no se tienen noticias luego de que declaró contra el represor Miguel Etchecolatz, respondió: «Por ahora no podemos aventurar ninguna hipótesis, pero no descartamos nada». No obstante, sus colaboradores aclararon que en el caso de López el testigo desapareció el día de la sentencia y en este caso no hay ninguna actividad reciente en la causa donde testificó Martínez.
«Por expresa orden de la Presidenta, están trabajando para localizarlo todas las fuerzas de seguridad. No se han agotado todas las instancias, pero consideramos que es necesario que toda la población esté alerta y colabore», remarcó el ministro.
El obispo Carlos Ponce de León murió cuando conducía por la ruta acompañado por Martínez, que en aquel momento era un conscripto de 19 años. Lo chocó desde atrás otro vehículo. En un primer momento se cerró el caso como un accidente de tránsito y se condenó al chofer del vehículo que provocó la muerte del religioso. Pero la actividad del fiscal federal Juan Murray de San Nicolás hizo reabrir el caso al considerar sospechosa la muerte del obispo. En esa investigación, a cargo del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, Martínez afirmó que fue testigo de cómo una persona ordenó rematar al religioso de un culatazo. Pero esos extremos no se confirmaron en la autopsia realizada al cuerpo del obispo, por lo que el juez procesó a Martínez por falso testimonio. Eso fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario.
Martínez recusó al juez y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura, por lo que según Alak mantiene una relación «tirante» con el magistrado. Villafuerte Ruzo procesó también a Martínez al sostener que simuló que estuvo detenido por razones políticas para poder cobrar una indemnización, pero ese cargo fue rechazado por la Cámara de Apelaciones.
En la investigación por la muerte del obispo el principal imputado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, procesado por la desaparición forzada de personas, según un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad. A pesar de que sus allegados lo negaron ante las autoridades, habría antecedentes de que Martínez había desaparecido con anterioridad, según una fuente que trabaja en el caso.
Martínez, que es referente de un grupo budista, desapareció de su oficina de Palermo el lunes. Garré explicó que ante la denuncia recibida en la comisaría 25a. declararon la esposa y la secretaria de Martínez, que fue la última persona que lo vio al retirarse de su oficina, se dio intervención al Centro de Orientación a las Personas, que recoge las solicitudes de paradero, y se investigan las llamadas realizadas en los últimos tres días desde los teléfonos fijos. También se solicitaron las celdas de activación del celular de Martínez para ver dónde estuvo antes de su desaparición, porque no salió de su oficina con el celular.
Lanacion.com
Comentarios de Facebook