El Tribunal Oral Federal de Rosario llevará a juicio a los directivos de Carboquímica del Paraná S.A., acusados de provocar durante años una grave contaminación en Ramallo que afectó al suelo, al agua y al aire, con consecuencias sobre los bosques nativos y los humedales del río Paraná.
La Plata, 26 Sep (Por InfoGEI).-La decisión fue adoptada por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, del Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás, quien dio por cerrada la instrucción y elevó la causa a debate tras rechazar los últimos planteos defensivos.
Según reporta el medio regional, Cosa Cierta, la investigación comenzó en 2014 luego de denuncias de organizaciones ambientalistas que alertaron sobre vertidos tóxicos al río y el entierro de residuos peligrosos en áreas costeras públicas.
A la causa se incorporaron peritajes de la Universidad Nacional de La Plata, constataciones policiales e informes oficiales que confirmaron la presencia de sustancias altamente nocivas como brea, creosota y benceno, algunas de ellas clasificadas como cancerígenas.
El abogado ambientalista Fabián Maggi advirtió que el daño causado es de gran magnitud, ya que la empresa habría arrojado durante décadas residuos con hidrocarburos, metales pesados y desechos alquitranados en el río y en lagunas ribereñas.
Recordó además que la planta fue creada en los años setenta para tratar los residuos de Somisa, pero tras la privatización de los noventa los nuevos dueños no realizaron inversiones de mantenimiento, lo que derivó en un deterioro profundo y serias consecuencias para el ambiente y para las familias de pescadores de la zona.
Maggi también responsabilizó al Estado por su falta de controles, recordando que el Ministerio de Ambiente fue condenado junto a la empresa por no cumplir con su deber de fiscalización.
Caso inédito
La elevación a juicio fue calificada como inédita. “Es la primera vez que un caso así llega a un tribunal oral federal en Rosario, pese a que la Ley de Residuos Peligrosos está vigente hace más de veinte años”, destacó el abogado.
Monto de las penas
El proceso se basa en el artículo 55 de la Ley 24.051 y en el artículo 200 del Código Penal, que sanciona la contaminación peligrosa para la salud pública. Si en el juicio se demuestra que la actividad de la firma provocó daños a la salud o muertes, las penas podrían alcanzar hasta 25 años de prisión para los responsables. (InfoGEI)Ac
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