«Canal 13 y TN es un Estado paralelo con sus propias reglas, manuales de inducción y contratos de miedo», aseguraron en un comunicado.
La Comisión Gremial Interna de Canal 13 y TN, del Grupo Clarín, se pronunció hoy por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y reivindicó el próximo 7 de diciembre como la fecha determinada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el vencimiento de la medida cautelar que le permite a ese holding «no ajustarse por ahora a los términos de la norma».
El comunicado fue distribuido hoy por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que respaldó el reclamo.
«Se reitera la demanda para el íntegro e irrestricto cumplimiento de la ley, en la certeza de que no sólo significará un proceso de democratización de las comunicaciones sino la posibilidad real y concreta de crear centenares de nuevos puestos de empleo para los trabajadores de prensa y de la comunicación», afirmó el documento.
También sostuvo que «se acerca el 7 de diciembre y el vencimiento de la medida cautelar que le permitió al Grupo Clarín no adecuarse a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual».
«La Corte Suprema, en ese fallo, aclaró que la norma está vigente (para todas las empresas periodísticas) y que en nada atenta contra la libertad de expresión, y subrayó casi en tono de reto las trampas y argucias de procedimiento expresadas en el expediente sólo con fines dilatorios», puntualizó la Gremial.
Indicó que junto con los comunicadores sociales y el pueblo impulsan como una necesidad de la democracia «el reemplazo de la vieja Ley de Radiodifusión de la dictadura militar y las decenas de enmiendas que, en pleno proceso democrático, favorecieron a la concentración monopólica de los medios, siempre en detrimento de una sociedad mas democrática, plural y participativa».
«La flexibilización y precarización laboral y profesional fue el costo que pagaron los trabajadores para que esa concentración fuese mucho más ‘eficiente’ y ‘rentable’: miles de empleados despedidos, incumplimiento de los convenios colectivos y una férrea matriz editorial de la que fue difícil escapar», agregó.
También afirmó que al desconcentrarse los medios periodísticos debería ampliarse el mercado laboral, generando nuevos y genuinos puestos de trabajo, y sostuvo que «la adecuación de las empresas periodísticas a la nueva realidad legal debe resolverse con la garantía absoluta de que no se perderá ningún empleo».
«La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual propone un escenario plural y de multiplicidad de voces. Incorpora conceptos novedosos en relación con los actores posibles del mundo de la comunicación: pueblos originarios, espacios y/o instituciones asociativas que enriquecen el siempre trágico territorio de competencias salvajes que propone el empresariado», subrayó.
La Gremial de Canal 13 y TN enfatizó que «la superación de este modelo de manipulación de conciencias, de maximización de ganancias y de explotación capitalista salvaje tiene que ser reemplazado por más democracia económica, más puestos de trabajo y una mejor y más equitativa distribución de la riqueza».
«Cuando los trabajadores son testigos directos de una concepción de desapego explícito a la ley y las instituciones democráticas de las empresas, en especial del Grupo Clarín, les preocupa doblemente. Porque sienten el peso de la extorsión en relación con la vulnerabilidad de los puestos de trabajo y la precarización absoluta de las condiciones laborales y porque esas concepciones reproducen un modelo de sociedad autoritario y sectario», afirmó.
Señaló que «la afirmación de que los directivos del Grupo Clarín reiteran a viva voz en el canal de que para adecuarse `tendrán que venir por nosotros` o que la única posibilidad frente a la aplicación de la ley es una `salvajada sólo practicable por la gendarmería` resulta temeraria y una convocatoria a la guerra».
«Canal 13 y TN es un territorio empobrecido de legalidades democráticas, derechos constitucionales, laborales y profesionales. Un estado paralelo con sus propias reglas, manuales de inducción y contratos de miedo», puntualizó la Gremial.
Agregó que «la superación del Estado administrando la fiesta de los privilegiados es una posibilidad histórica y, el Estado, debe y tiene la obligación de transformarse en garante de todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos y trabajadores».
«No hay libertad de expresión con trabajadores de prensa extorsionados por un puesto de empleo o con trabajadores amordazados por la precariedad laboral», concluyó.
24con.com
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