El máximo tribunal tratará la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuya aplicación está paralizada por una medida cautelar de una jueza federal de Mendoza. La resolución no sería inmediata: antes de analizar el caso deberá esperar la posición, no vinculante, del jefe de fiscales nacionales, Esteban Righi.
Este miércoles, la Corte Suprema comienza el análisis de la Ley de Medios. La Corte Suprema de Justicia comenzará este miércoles a analizar la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada por el Congreso en octubre pasado y cuya aplicación está paralizada por una medida cautelar de una jueza federal de Mendoza.
Fuentes del máximo tribunal del país confirmaron a Télam que el tema está agendado para el tradicional acuerdo semanal de la Corte, que aceptaría iniciar su tratamiento enviando el caso al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para tener su opinión.
La reunión de los siete ministros de la Corte se realiza habitualmente los días martes a las 10 pero se pospuso un día para que la asistencia sea total y pueda tratarse el recurso extraordinario presentado por el Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
En su reclamo, el jefe de los abogados del Estado pidió la nulidad de la medida cautelar ordenada por la jueza Olga Pura de Arrabal, que objetó el trámite parlamentario de la ley y suspendió su aplicación en el orden nacional.
La medida cautelar había sido pedida por el diputado mendocino Enrique Thomas, del peronismo federal, y fue corroborada por la Cámara Federal de Mendoza, que en cambio aceptó elevar el recurso extraordinario del Procurador del Tesoro a la Corte Suprema.
La resolución de la Corte no será inmediata ya que antes de analizar el caso deberá esperar la posición, no vinculante, del jefe de los fiscales nacionales Righi. En este caso la Corte tratará únicamente el expediente originado en la jueza Pura de Arrabal y no fallos de otros juzgados, ya que la jueza mendocina fue la única que decidió la suspensión de la aplicación total de la Ley.
El procurador Da Rocha sostuvo que la ley «fue correctamente gestionada, sancionada y promulgada y confió en la decisión de la Corte Suprema de anular la medida cautelar de Arrabal», dejando en firme la aplicación de la ley aunque luego deba resolver sobre otros artículos objetados.
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