Entre el fusil y la pared. El ministro de Seguridad Stornelli ya casi no cuenta con hombres de confianza en la Bonaerense.
Por Ricardo Ragendorfer
Que esta causa sea investigada justo por la Bonaerense es como hacerse un chequeo médico en una funeraria. Tal sensación fue la que se apoderó de la secretaria provincial de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, durante la mañana del jueves en la DDI de La Plata, cuando fue allí para la rueda de reconocimiento del policía de esa misma fuerza, Juan Manuel Mateo, acusado por el asalto a la dependencia que ella encabeza, ocurrida en la tarde del 29 de diciembre. Dicho efectivo fue debidamente identificado como uno de los dos autores del hecho. Y el viernes se negó a declarar, antes de que el fiscal Marcelo Martini solicitara su prisión preventiva. Para entonces, ya se había producido el hallazgo de algunos objetos robados en aquella ocasión; entre ellos, la notebook de la funcionaria. Lo cierto es que esto último fue fruto de una serie de circunstancias que transformaron a este thriler en una verdadera comedia de enredos. Con semejante formato fáctico se desarrolla actualmente el entredicho –por momentos, virulento– entre la agencia policial más díscola del país y su jefe político, Carlos Stornelli.
Competencias. La información oficial fue escueta, y sólo consigna que aquella computadora fue devuelta por cuatro hombres y una mujer, junto con una cámara de fotos y una filmadora. El receptor de esa parte del botín –aún faltan los teléfonos celulares, algunos legajos sobre la represión en la dictadura y denuncias por casos de corrupción policial– fue nada menos que un uniformado de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad, la misma en la que Mateos se desempeñó hasta los primeros días de diciembre. El quinteto, por cierto, se habría mostrado muy arrepentido, al punto de revelarle al camarada del detenido que el dinero robado en la incursión ascendía a los 150 mil pesos, cuando la suma denunciada en el expediente –la cual se le secuestró a Mateos– era sólo de 11 mil.
El fiscal Martini fue informado de tales novedades a través de un llamado telefónico hecho el martes por el juez de Garantías de La Plata, César Melazo. En aquel momento, junto al magistrado había un jefe de la DDI local, que también le brindó al fiscal ciertos detalles del asunto. Éste, al principio, asimiló la noticia con mucho entusiasmo. Y conservó su alegría aún después de concluir la comunicación. Tardaría unos minutos en percatarse de que la devolución ocurrió sin que el personal policial interviniente atinara a ponerse en contacto con la fiscalía, además de permitir que ese extraño grupo de presuntos encubridores se retirara sin ser indagado, y con el aval de un juez que no es el natural de la causa. Su desconcierto, entonces, lo llevó a librar un oficio a la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad para que se investigue si el procedimiento fue irregular.
En tanto, no sin menos perplejidad, la señora Derotier de Cobacho admitió a Miradas al Sur que aún no ha sido citada para reconocer su computadora. “Estoy en ascuas; hasta ahora no me comunicaron nada”, fueron sus palabras.
El fiscal, a su vez, dio a este medio su versión de los hechos.
“La devolución de esos objetos fue resultado de tratativas realizadas durante toda una noche”, dijo, casi a boca de jarro.
–¿Quiénes son esas personas?
–Bueno,tengo entendido que es gente lindante con el delito.
–¿Quién es el policía que negoció con ellos?
–Un efectivo de Narcotráfico: el hombre llevó todo a la DDI de La Plata. Recién entonces fui notificado por el juez Melazo.
–¿Va a indagar a esas cinco personas?
–Tardé en darme cuenta. Pero lo que pasa es que la autoincriminación que ellos hicieron es totalmente nula. No tuvo un marco jurídico. Y esa gente ni siquiera estuvo patrocinada por un letrado.
–¡Tampoco va a citar al policía que intervino en el asunto?
–Por ahora no está previsto.
–¿Y cuáles van a ser sus próximos pasos?
–Plantear mi incompetencia, ya que esto no fue un robo común sino una acción con finalidad política. Esto me excede. Es un caso federal, porque pone en riesgo la seguridad nacional.
–¿Esa finalidad política, según su lectura, tiene que ver con juicios a represores o con la corrupción policial?
–Para mí es lo mismo.
–Derotier de Cobacho ya fue citada para reconocer su notebook?
–Esa computadora fue reconocida de modo informal por empleados de la Secretaría. Pero la señora aún no pasó por acá…
Mientras tanto, en el Ministerio de Seguridad se sigue atentamente la marcha de la investigación. Cabe destacar que una fuente de esa cartera aseguró que Mateos, pese a su negativa a declarar, habría deslizado que su intervención en el asalto a la Secretaría se debió a que para ello “le tiraron unos pesos”.
Lo cierto es que el último mes de 2009 no fue el mejor de su vida.
El 6 de diciembre pasado, dos primos apodados El Oreja y El Bebé vaciaron los cargadores de sus armas sobre un grupo de muchachos en una esquina de City Bell. Se trataba de un ajuste de cuentas. Pero los victimarios se equivocaron de blanco y, en tales circunstancias, fue asesinado el niño Santiago Pellegrini, de ocho años. Con los agresores iba una mujer; era nada menos que la novia de Mateos. Y el vehículo usado en la ocasión –un Ford Ka rojo– pertenecía al policía, quien lo habría facilitado a sabiendas del ataque. Tanto es así que este sujeto de 27 años –conocido en la zona de Gonnet por reclutar menores para cometer robos–, si bien fue beneficiado con la eximición de prisión no pudo eludir ser exonerado de la fuerza. Y 24 días después –ya se sabe– sería llevado tras las rejas por el asalto a la Secretaría de Derechos Humanos. El haber actuado a cara descubierta, además de dejar allí un reguero de huellas, habría precipitado su desgracia. De su cómplice, en cambio, no hay noticias.
El estrafalario montaje urdido para restituir la computadora robada el 29 de diciembre es leído en el Ministerio de Seguridad como una maniobra articulada con el propósito de hacer pasar ese asalto por un delito común, lo cual aliviaría –según sus hacedores– el presente judicial de Mateos. Por otra parte, la exagerada morosidad investigativa de los policías abocados al caso constituye otra práctica habitual de la Bonaerense en tiempos de cólera, denominada en la jerga de los uniformados de la siguiente manera: “Poner palanca el boludo” Y ello, el ministro Stornelli bien lo sabe.
Paisaje después de la batalla. Hace sólo tres semanas, Stornelli había denunciado “un plan instigado por policías en actividad, en retiro o exonerados para desestabilizar al gobierno provincial”. Se refería a los casos de Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro, quienes fueron baleadas a quemarropa entre el 16 de noviembre y el 6 de diciembre de 2009 en circunstancias casi calcadas: el robo inconcluso de sus vehículos por parte de menores presuntamente reclutados a tal efecto. A ello –también el 6 de diciembre– se sumaría otro episodio que, en materia de mensajes, constituye un clásico de la Bonaerense: la profanación de cementerios judíos; al respecto, ese día fueron profanadas ocho lápidas en la necrópolis de Ciudadela. Y, desde luego, el asalto a la dependencia encabezada por Derotier de Cobacho le confirió un toque dramático al asunto.
Al respecto, Miradas al Sur le hizo a la funcionaria la siguiente pregunta:
–¿Habiendo Stornelli accedido a todos los caprichos de la corporación policial, cómo explica usted semejante ofensiva contra su gestión?
–Es que él recién ahora se da cuenta de lo que es esa gente.
Para ello, en realidad, al ministro sólo le bastó una medida tomada para desactivar ciertas irregularidades en la Dirección del Delito Atomotor. Ello le costó el puesto al comisario Marcelo Andrade, un uniformado que se forjó en las peores épocas de la Maldita Policía.
En la denuncia presentada en la fiscalía a cargo de Marcelo Romero, Stornelli sostuvo que el modus operandi de los complotados consistía en crear una situación de caos “a través de hechos violentos cometidos contra mujeres con exposición social importante –maestras o profesionales–, que automáticamente motorizarían a sus núcleos de pertenencia a marchas masivas con infiltraciones”.
También hizo hincapié en el reclutamiento de “menores y mayores en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria”. Así Stornelli reconocía por primera vez algo que ya era un secreto a voces: la utilización por parte de la policía de niños y adolescentes como mano de obra delictiva.
Sin embargo, lejos de torcer su política en base a tales hechos, el ministro no varió su inclinación punitiva. Al respecto, lograría engrosar las poblaciones carcelarias a través de por lo menos 30 megaoperativos policiales llevados a cabo en barrios carenciados de Quilmes, Bernal, La Matanza, La Tablada, entre otras zonas del conourbano.
Aún más inexplicable fue que, luego del ataque a la Secretaría de Derechos Humanos –y en medio de la ofensiva policial que él mismo denunció–, la titular de Asuntos Internos del Ministerio, María Alejandra Probítola, anunció la cesantía de los seis abogados que investigaban unas 1.200 causas contra policías acusados por delitos gravísimos, como piratería del asfalto, tráfico de drogas, abusos sexuales. Esos instructores fueron reemplazados por policías y civiles inexpertos. De ese modo, quedaron paralizados expedientes como el del caso Pomar. Y, por supuesto, la incipiente investigación abierta por el asesinato del niño Santiago Pellegrini, en la que el ya célebre suboficial Mateos estaba bajo la lupa.
En resumen, Stornelli quedó atrapado por su propia criatura. Su contrarreforma –basada en la restauración de los atributos policiales abolidos por León Arslanian– trajo también aparejada una feroz disputa territorial entre los uniformados. El comisario Salvador Baratta –ungido ahora como tercero en la jerarquía de la fuerza– es el gran beneficiado en esta coyuntura. Y sólo por el módico precio de algunos daños colaterales.
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