Por Santiago Hermo.*
Se ha discutido la última semana la posibilidad de prohibir los despidos por 6 meses, o 1 año, 0 2. Es perfectamente razonable que los problemas de empleo preocupen a los políticos y a la sociedad. Nadie podría estar en contra de una medida que elimina los despidos y mejora el bienestar… pero, ¿es este el efecto concreto que tendrá esta medida? ¿Disminuirá realmente el desempleo?
Una de las hipótesis centrales de la teoría económica señala que las personas responden a incentivos (un gran exponente de este enfoque es el Premio Nobel en Economía Gary Becker). Si sube el precio del pasaje de subte, la gente tomará más colectivo. Si el gobierno coloca un precio mínimo en un mercado, surgirá un mercado paralelo. Si aumenta el repudio social a los discriminadores, habrá menos discriminación. Etcétera. Aunque los comportamientos individuales muchas veces sean erráticos e impredecibles, en el agregado la hipótesis de los incentivos se ve bastante apoyada por los datos. Por ejemplo, si aumentan las multas al mal estacionamiento (y la cantidad de grúas en las calle hace que la ley se haga cumplir) en promedio se observará que la gente estaciona mejor, aunque una persona particular no cambie su comportamiento.
Ahora bien, pensemos en los incentivos de los actores si llegara a sancionarse (y reglamentarse) la ley. Consideremos, inicialmente, una empresa en dificultades que está «aguantando» para no despedir algunos trabajadores. ¿Qué sucedería si se aprueba la ley? La administración de la empresa, sabiendo que no podrá despedir a nadie por cierto tiempo, apurará aquellos despidos que no estaba segura de hacer (y quizás no hubiera hecho sin la prohibición) antes de la reglamentación de la ley. En términos más generales, la hipótesis de los incentivos indica que la sanción de la ley aumentará los despidos en el corto plazo.
Pensemos ahora la situación de un empresario que quiere comenzar un negocio. Él no sabe si el producto que piensa ofrecer al público se venderá fácilmente o si será poco exitoso, aunque confía en que le irá bien (de otra forma no emprendería). Toda empresa necesita empleados, pero el empresario sabe que, de fallar, tendrá serias dificultades para despedir a sus trabajadores (incluso pagando la correspondiente indemnización). Por lo tanto, probablemente no contratará a todos los trabajadores que le gustaría, o contratará gran parte de ellos «en negro». Vemos que, si la hipótesis de los incentivos es correcta, la ley provocaría una caída en la creación de trabajos en blanco y una expansión del (tristemente) «pujante» mercado laboral informal.
Ahora coloquémonos en los zapatos de un trabajador, rol que la mayoría de los argentinos ocupa. Para gran parte de ellos, la ley es irrelevante. Seguirán despertando todas las mañana y cumpliendo con su jornada de 8 horas (o más). No obstante, una vez que esté implementada la ley, se ha creado un incentivo para trabajar menos. «¿Para qué esforzarse demasiado en el trabajo, si de todas formas es imposible ser despedido?», pensará el ‘vivo’ argentino. En el agregado, entonces, podría observarse una caída de la productividad laboral.
Finalmente, consideremos la situación de los grupos más desfavorecidos por la ley: los desempleados y los informales. A los desempleados la ley no les hace ningún bien, ya que la creación de empleos formales disminuirá y les será más difícil encontrar trabajo. La ley tampoco ayudará a reducir los puestos de trabajo informales ya que, como se señaló más arriba, el mercado formal se ve desalentado.
¿Quiénes son los beneficiados con esta ley, entonces? Los primeros a mencionar son los políticos, quienes obtendrán el «rédito político», argumentarán que están luchando contra el desempleo (cuando en realidad lo están incentivando). Algunos sectores de la clase media asalariada quizás se beneficien en el corto plazo, aunque para gran parte de ellos la ley será indiferente. Por último, los gremialistas también cosecharán algún «rédito político», puesto que mejora la estabilidad laboral de sus afiliados. Pero esta leve mejora de corto plazo para los sectores asalariados se produce a costa de los desempleados y los trabajadores informales, las franjas más desfavorecidas de la sociedad, y del crecimiento de medio término de la economía (que, sumado a las políticas correctas, creará los puestos de trabajo en blanco que mejorarán el bienestar de estos grupos).
El desempleo es una preocupación de todos, y está bien que así lo sea, pero prohibir los despidos no es el camino correcto. Como dice el dicho, «el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones».
* El autor es economista.
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