Es un ambiente diminuto y lúgubre, con cinco computadoras que ya tienen varios años. Una descansa sobre una base de tergopol y sólo dos tienen la pantalla prendida. El nivel tecnológico no parece del todo compatible con la importancia de la información que muestran: desde allí, en el segundo piso del edificio de Lotería Nacional, se controla el negocio de juego más grande del país, las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo y los Casinos Flotantes, que pertenecen al zar del juego, Cristóbal López.
En resumen: un negocio que mueve $ 3.700 millones por año –Hipódromo y Casino Flotante– se fiscaliza desde cinco computadoras ubicadas en una pequeña oficina, con dos operadores que parecen poco acostumbrados a usarlas.
Por eso y tras una denuncia, la Justicia Federal comenzó a investigar al directorio de Lotería Nacional por Defraudación a la Administración Pública en favor del empresario cercano al kirchnerismo.
Fue luego de que el fiscal Guillermo Marijuan imputara el jueves pasado al directorio de Lotería Nacional, integrado por Roberto Armando López (presidente), Andrés Cimadevilla (vice), entre otros.
El fiscal pidió avanzar con la investigación luego de que La Cornisa, el programa del periodista Luis Majul, revelara el pasado 30 de marzo en un informe las inconsistencias en los controles, además de las imágenes inéditas del sistema oficial –que luce precario– que controla los tragamonedas de López. Unos días después los diputados de UNEN, Paula Olivetto y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia en la Justicia Federal por la falta de controles en los casinos de la Ciudad, propiedad en parte de Cristóbal López, a través de Casino Club SA.
El escrito del fiscal, al que accedió el diario PERFIL, es claro: “Refiere la denuncia que la autoridad de aplicación con sus incumplimientos ha generado gravosas consecuencias, tales como, la ausencia o debilidades en el control de la recaudación atenta sobre el beneficio que los juegos de apuestas deben otorgar a la ciudadanía, ello en virtud del porcentaje que debe ser destinado a la asistencia social”.
Es que si los controles no fueran adecuados, minuciosos y laxos, más allá del posible delito de evasión, se perderían millones de pesos por año que se destinan a las áreas sociales. En la Ciudad, por ejemplo, entre el 20% y 30% de la facturación del juego se “coparticipa” a los gobiernos con destino para obras y programas sociales.
Por eso entre los requerimientos de Marijuan al juez Rodolfo Canicoba Corral, que salió sorteado en la causa, se destaca la información sobre los balances de Casino Club SA, empresa en la que participa Cristóbal López y controla parte del Hipódromo y de los “barcos” de Puerto Madero. Además solicitó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informe sobre los controles que hace sobre la recaudación de las tragamonedas de ambos establecimientos, cuál es su situación fiscal y cuánto pagaron de impuestos en los últimos cinco años.
La denuncia que abrió la investigación fue presentada los primeros días de abril por los delitos de defraudación al Estado, evasión tributaria agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el directorio de Lotería, el organismo que controla el juego. “Es importante la intervención de la AFIP en el pedido del fiscal y esperamos que se investiguen los hechos sin presiones ni privilegios”, confirmó a PERFIL Paula Olivetto, la diputada denunciante. Durante el informe televisivo se reveló, por ejemplo, que la misma empresa que participa en los controles de Lotería, IGT, es la que provee las tragamonedas a López.
El empresario siempre fue muy cercano al kichnerismo. Su mejor negocio en el juego se lo debe a Néstor Kirchner, quien el 5 de diciembre de 2005, pocos días antes de terminar su mandato le aprobó por decreto la expansión de máquinas de juego en el Hipódromo de tres mil a cinco mil.
Un dato: la imputación del directorio de Lotería se conoce horas antes de la vuelta de Marcelo Tinelli a la TV, ahora socio minoritario de López en Ideas del Sur. El conductor reconoce en privado su preocupación. Ahora los fondos para su programa salen de un grupo con una empresa investigada por la Justicia
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