Como resultado de la brutal represión, que concitó el repudio de organizaciones sociales y médicas, de dirigentes políticos, de funcionarios nacionales y legisladores de todo el arco opositor, fueron detenidas ocho personas, entre las cuales había médicos, enfermeras y dirigentes gremiales.
Durante una conferencia de prensa, la vicejefa María Eugenia Vidal defendió el operativo de represión al sostener que los efectivos, de los cuales ocho fueron heridos según Horacio Giménez, jefe de Policía Metropolitana, «actuaron en consecuencia para defenderse» a partir de las agresiones recibidas «con palos y piedras».
El operativo de demolición del Taller Protegido se inició a las 6 por parte de operarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, custodiados por personal de Infantería de la Metropolitana.
Antes de las 8, los trabajadores de ese centro de salud se hicieron presentes en el lugar y ante la evidencia de que el Taller Protegido 19 iba a ser demolido, intentaron avanzar para impedirlo y fueron brutalmente reprimidos con bastones, balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos.
«Macri basura, vos sos la dictadura», gritaban los trabajadores, durante el operativo, en el que resultaron heridos al menos doce trabajadores de prensa.
Los más afectados por la represión fueron el camarógrafo de C5N, Mario Ricci, que resultó herido en un brazo, y fue intervenido quirúrgicamente y Pepe Mateos, fotógrafo de Clarín, que recibió el impacto de una bala de goma en la mandíbula mientras cumplía con su trabajo en el lugar de los incidentes, después de que fuera detenido y liberado poco después.
Además, fueron heridos de bala de goma Alberto Samudio y Sebastián Vázquez, de Telefé; Carlos Torres, de Canal 13; Soledad Larghi, de América; Mario Gavilán de C5N; Fabián Alasi de Crónica TV; una cronista de CN23 y otra reportera de Canal 26.
También fue golpeado el equipo de Audiovisuales de Télam, Gabriel Eiriz y Leonardo Piccone, y el fotografo de Télam Daniel Dabove.
Cristina Díaz Alen, enfermera y delegada del Hospital Garrahan, una de las oocho detenidas que había acudido a la protesta por la demolición, contó a Télam que se acercó «para defender el hospital público y a los trabajadores».
Cristina, que tiene una discapacidad motriz que la lleva a utilizar bastón, contó que fue arrastrada durante tres cuadras por efectivos de la Metropolitana que la golpearon, incluso con su propio bastón, la esposaron y la subieron al patrullero sin decir los motivos.
Con la voz quebrada, Karina Maliverti, dirigente de ATE nacional y otra de las detenidas que fueron liberados unas siete horas después del operativo, sostuvo que «nunca hemos visto una represión así, nos pegaron a todos y cuando llegamos acá (por la comisaría 4 de Parque Patricios) no nos dejaban hablar por teléfono».
«Tienen que saber que mientras ellos sigan haciendo prevalecer los negocios inmobiliarios frente a la vida, la salud pública y los puestos de trabajo de los compañeros, van a encontrar siempre nuestra resistencia», añadió.
También fue detenida Belén Revollo, del Movimiento Popular La Dignidad TV, quien describió que «estaba sacando fotos, haciendo mi trabajo porque soy de un medio popular y me agarraron. Yo les mostré mi credencial e igual me detuvieron».
La Metropolitana también detuvo al padre de uno de los internos del Borda, quien durante la mañana vio en la televisión lo que estaba sucediendo y decidió acercarse para saber cómo se encontraba su hijo.
«Apenas me estaba acercando y me detuvieron. Gracias Macri», dijo el hombre que apenas podía expresarse por la angustia y, que como los demás detenidos, pesa sobre él una causa por «resistencia a la autoridad y lesiones» que se encuentra en el Juzgado Correccional Nº14.
La lista de los ocho detenidos se completa con tres médicos y una enfermera del Borda que debió ser trasladada al Hospital Penna por haberse descompensado, ya que es diabética y había sido golpeada durante la represión.
A media mañana, comenzaron a llegar al lugar diputados porteños de la oposición, quienes también fueron golpeados, como denunció María Rachid y su par, el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteño, Jorge Selser.
«Ingresé al lugar y cuando pregunto quién está a cargo del operativo, la policía me empujó y me golpeó», dijo Rachid sorprendida por la situación.
Debido a estos hechos, los trabajadores de ATE convocaron a un paro nacional con movilización a la jefatura de gobierno porteño para el martes 30 de abril.
El secretario general del gremio, José Luis Mataza, informó que la movilización se realizará a las 11 desde la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo hasta la Jefatura de gobierno porteña «en defensa de lo público».
El conflicto por el Taller Protegido 19 de ATE, donde realizan tareas de rehabilitación los pacientes de ese centro asistencial, se inició el año pasado, debido a que el gobierno porteño tiene previsto construir en ese lugar un Centro Cívico y en varias oportunidades intentaron desalojar el lugar.
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Telam
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