Los accidentes de tránsito provocan, promedio, 21 muertes por día en nuestro país. A esa cifra deben agregarse decenas de miles de heridos de diversa gravedad, además del daño afectivo y espiritual que sufren las familias damnificadas.
Las estadísticas son lapidarias. La relación entre el número de muertes por accidentes y la población global ponen a la Argentina al tope de los países con calles más violentas.
Cada uno debe hacerse cargo de sus actos, pero el Estado debe ser garante de la seguridad de todos. En primer lugar, los gobiernos de turno, cada uno en su competencia, están obligados a mantener en perfecto estado las calles y las rutas.
En nuestra provincia sucede todo lo contrario: los 60 muertos comprobados en el primer trimestre del año nos anticipan otra estadística negra para 2013. El año pasado, a esta altura del año, las crónicas registraban 85 muertos, pero el registro oficial a fin de años merodeó los 230 muertos por el tránsito salteño. No obstante, la organización Luchemos por la Vida, que contabiliza los decesos de heridos en las semanas posteriores al siniestro, da cuenta de 283 víctimas fatales. Esta ONG contabilizó, en 2011, 251 muertos en las rutas salteñas.
Las medidas que se implementan resultan insuficientes y las altas tasas de siniestralidad vial colocan a Salta entre las provincias que más muertos registran en el país.
La Secretaría de Seguridad informó que durante 2012 fueron capacitadas para la prevención de siniestros 17.653 personas, en 55 instituciones educativas. Parece poco. El mismo organismo informó que la Provincia no tiene competencia en materia de señalización vial y los temas de tránsito y seguridad vial son competencia de cada municipio. Sin embargo, el problema requiere una estrategia global, que desborda cualquier convenio y también a lo que puedan hacer los municipios por separado, por buena voluntad que pongan.
Los accidentes son un indicador de subdesarrollo cultural. No hay argumento válido para que las personas viajen sin ponerse el cinturón de seguridad. No se trata de opinar si esto es cómodo o no, o si arruga la ropa: no se lo usa por mala costumbre. Lo mismo cabe decir sobre el uso de casco por parte de motociclistas y ciclistas, o también, acerca del mal hábito de los peatones que cruzan las calles por cualquier parte y sin respetar señales ni semáforos.
Respetar los límites de la velocidad, cuidar el estado mecánico de los vehículos y evitar conducir cuando se ingirió alcohol son responsabilidades de cada ciudadano, pero de las que el Estado no debe desentenderse.
La inseguridad vial forma parte de la inseguridad global que se vive en la Argentina y, en esto, el Estado tiene una responsabilidad central.
La ruta 34, en el tramo que comparte con la ruta 9 así como en el resto de su trazado, es una muestra de la ausencia de un plan global. Con 7,20 metros de ancho en gran parte de su recorrido es más angosta que una calle urbana; se trata de una carretera internacional, que une el centro del país con Bolivia y atraviesa un área de intensa actividad productiva, con tránsito de camiones, maquinaria agrícola, vehículos particulares y ómnibus turísticos.
La ruta 50, entre Pichanal y Orán, escenario cotidiano de tragedias viales, es un monumento a la indolencia. A pesar de tratarse de un tramo relativamente corto, lleva ya cuatro años de demora, sin miras de ser concluida, a causa de desinteligencias e irregularidades, atribuibles a la administración nacional, pero frente a las cuales la provincia se muestra excesivamente pasiva.
Son dos casos especiales y se las llama rutas de la muerte. Sin embargo, todas las calles y rutas de Salta muestran indicios de abandono, causado este por la ausencia de un plan vial y por la falta de convicción, de parte de las autoridades, de que la seguridad no es sólo una cuestión vinculada a la criminalidad, sino también al tránsito, los espacios públicos y, en general, al funcionamiento del Estado.
Fuente:www.eltribuno.info
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