Los acontecimientos ocurridos hace poco en Baradero (N.de la R.: vecinos quemaron la Municipalidad luego de que agentes de tránsito atropellaran a dos jóvenes a los que perseguían porque andaban sin casco en moto) deben permitirnos reflexionar sobre qué es lo que hemos estado construyendo, alimentando, permitiendo y legitimando como sociedad.
Para el sujeto, la vida en sociedad implica una permanente transición entre diferentes esferas. El espacio público no es una realidad cristalizada, una forma dada, sino una dinámica construcción colectiva producida y reproducida por interacciones sociales e inter-subjetividades en juego día a día. Por ejemplo, entre la esfera de lo público y la de lo privado encontramos una bisagra compuesta de las más variadas intermediaciones que le dan contenido a aquel imaginario pacto original que permite vivir en sociedad.
Entre esos campos dialogan mediaciones formales (reglas, normas, leyes, usos y costumbres) y abstracciones funcionales (roles, instituciones y dinámicas) en las que vamos dando forma a aquello que denominaríamos cultura ciudadana, cultura institucional y cultura política. Esta complejidad hoy se vierte en el molde de la democracia.
En la construcción de lo público, el diálogo entre ciudadanos de un lado, e instituciones, funcionarios y/o representantes del otro, nos viene hablando de arbitrariedad e impunidad, por una parte, y de pasividad e indiferencia, por otra, desde hace unos 34 años. Histórica y políticamente, los orígenes de esta dinámica son claros, los alcances están a la vista y los cambios se van sucediendo en pequeña escala.
Frente a la noticia de la renuncia del gabinete del intendente de Baradero, los comentarios de los lectores de un diario digital mostraban indignación: «¿Cómo es posible que tengan que renunciar por hacer cumplir la ley? ¡Este es el país del revés, no cambiamos más!».
En un marco democrático, es responsabilidad del Estado garantizar que todo ciudadano esté en conocimiento y prevenido acerca de cómo evitar y/o reducir daños en un accidente de tránsito. Es la única función de leyes como la de la obligatoriedad de usar casco al conducir una moto: educativa/preventiva. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que posibilita que esta absurda tensión se incline a poner el cumplimiento de una ordenanza, dirigida a proteger la vida, por sobre el derecho a la vida misma? ¿Cómo ocurre ese tránsito desde lo educativo/preventivo a lo coercitivo/represivo?
Rendir cuentas
La lógica implícita en la renuncia del gabinete es parte del dialogo unipersonal de nuestra cultura política. Los funcionarios no se ponen a disposición de la Justicia para definir su futuro, no rinden cuentas públicamente sobre lo que corresponda para transparentar su gestión y deslindar responsabilidades.
Por el contrario, responden a un juego político que les exige cabezas para «oxigenar la gestión», renuncian, demuestran lealtad al líder. En el diálogo con la ciudadanía no es más que la desaparición de ciertos actores de la escena pública, que lejos de reparar en algo los acontecimientos, no hace más que extender el manto de sospecha.
Dos preguntas originaban esta reflexión. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que nos controlen? ¿Esto tiene su correlato en las autoridades políticas? Estamos en diálogo con instituciones públicas a las que generalmente no les reconocemos la función de aportar para mejorar la vida en sociedad. Estamos en diálogo con funcionarios que dialogan más hacia adentro de un juego político que hacia fuera, con la sociedad a la que se supone representan y responden. Estamos en diálogo con un accionar de policías o inspectores de tránsito siempre más represivo que preventivo.
Pero estamos también, desde hace mucho tiempo, sin diálogo con nuestro par y tras años de pasividad e indiferencia no sabemos cómo responder, cómo controlar, cómo reaccionar.
Punto de vista I. Por Josefina Doz Costa – Socióloga
www.lagaceta.com
Comentarios de Facebook