Esta semana se conoció la noticia de que once adolescentes se habían fugado de un Instituto de Contención de Menores de Abasto, aunque seis de ellos fueron recapturados con rapidez esta información puso nuevamente en el ojo de la tormenta la situación que viven los jóvenes que se encuentran “privados de su libertad”.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los jóvenes que están en los 27 centros cerrados bonaerenses viven una «situación carcelaria» aun cuando la ley no permite que los menores de edad estén presos. En el informe «El sistema de la crueldad», que realiza la CPM anualmente a partir de las inspecciones periódicas a los Centros manifiesta que «existe una ausencia total del acceso a derechos y de la posibilidad de pensar proyectos de vida que potencien sus posibilidades de transformación. Los centros son verdaderas cárceles para niños y niñas».
Sin embargo, la problemática no termina allí ya que esta semana también trascendió que desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) se han realizado varios reclamos a la gestión Provincial, con el fin de intentar mejorar las condiciones en las instituciones. Sin embargo, señalan que han desoído sus reclamos y denunciaron que la Directora Ejecutiva de Niñez y Adolescencia, Pilar Molina, está en su cargo por ser amiga de la gobernadora.
Lo que pasa adentro
Cabe destacar que el mencionado Sindicato realizó un relevamiento en todos los institutos de menores de la Provincia, que deberían alojar chicos de entre 16 y 18 años con antecedentes o condenas penales, y se registraron graves irregularidades.
Entre las anomalías se detectó que más del 40% de los internos es mayor de edad; graves condiciones de hacinamiento, los menores duermen en el piso entre los roedores y hay sobrecupo de jóvenes; escasez de operadores y precariedad laboral; y también ocultamiento de información por parte de la gestión.
En ese sentido, el Prosecretario de Minoridad del SOEME, Sergio Otero explicó en diferentes comunicaciones con la prensa que “la situación es casi terminal. En Azul, encontramos que hay alojados personas de hasta 23 años. Esto es un grave riesgo para los chicos que deben convivir en un mismo espacio con personas adultas de extrema peligrosidad, condenadas por graves delitos, como así también para los propios trabajadores. Nosotros somos personal de minoridad y no tenemos la formación ni tampoco podemos cumplir las funciones de un agente del Servicio Penitenciario. El sistema de minoridad de la Provincia es una bomba de tiempo a punto de explotar”.
Asimismo, los empleados denuncian que desde la Provincia plantean que si a un joven de 16 años le dan una pena de 10 años por un crimen, la condena la tiene que cumplir en los institutos de menores. Es decir que en institutos colapsados, va a haber personas adultas de 26 años, lo que viola todas las normativas vigentes.
Una situación que se repite
Asimismo, Otero manifestó que los residentes «están en condiciones de hacinamiento». Para entender la situación, contó que en los centros de recepción los jóvenes pueden estar como máximo 6 meses y de ahí los derivan al área correspondiente, «hay chicos hace dos o tres años en ese lugar».
Paralelamante, señaló que «hay ratas por todos lados, faltan insumos, falta personal, los recursos no les llegan a los chicos, es un desastre, está por explotar todo», se lamentó.
“Los centros con infraestructura de no más de 10 años de antigüedad tienen cada vez mayores deterioros, y se asemejan a las peores cárceles de la provincia de Buenos Aires tanto en las condiciones materiales como en las condiciones estructurales y regímenes de vida, alojando a casi un 30% de la población encerrada. En estos lugares se encuentran cloacas desbordadas, celdas de no más de 4 metros cuadrados alojando a dos jóvenes (y en ocasiones a tres), escaso o nulo acceso a la educación y actividades a cuenta gotas, entre otras deficiencias”, describe el informe de la CPM. (InfoGEI) Mg
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