Una auditoría lapidaria en la Agencia Nacional de Discapacidad destapó el pago de sillas de ruedas a $19 millones y el uso de chats secretos para direccionar contratos millonarios hacia empresas amigas.
Diario Tiempo Argentino – 13/May/2026
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se convirtió en el epicentro de un terremoto político que sacude las bases de la Casa Rosada. Lo que comenzó como una investigación por irregularidades administrativas escaló a una causa judicial de proporciones sistémicas, tras la presentación de un informe técnico ante el juzgado de Ariel Lijo que confirma una matriz de sobreprecios y desvíos de fondos públicos bajo la actual gestión.
La auditoría, firmada por el interventor Alejandro Vilches, analizó más de 500 expedientes que comprometen un presupuesto superior a los $ 18.000 millones. Los hallazgos presentados ante la justicia federal exponen cifras calificadas como «técnicamente indefendibles»:
- Andadores: facturados con un sobreprecio del 4239% respecto al valor real.
- Sillas de ruedas: el Estado pagó unidades a $19 millones, cuando el valor de referencia de mercado es de $1,3 millones.
- Válvulas cardíacas: se detectaron diferencias del 242% en comparación con los precios pagados por el PAMI para el mismo insumo.
Ante la magnitud del hallazgo, el Ministerio de Salud decidió congelar pagos pendientes por casi $ 5000 millones que ya contaban con autorización previa, por considerarlos fraudulentos.
La investigación, liderada por el fiscal Franco Picardi, apunta a la manipulación del sistema de contrataciones Siipfis. Según la denuncia, se utilizaba este software para simular competencia entre empresas que compartían directivos y sedes sociales, como las firmas Artrobone e Imnova.
La prueba central radica en el denominado «Grupo Museo», un chat de WhatsApp donde funcionarios y empresarios coordinaban las invitaciones a licitaciones para asegurar el negocio. En el centro de la escena aparece bajo la lupa Diego Spagnuolo, ex director de la agencia y amigo personal de Javier Milei. Su situación judicial se complicó tras la difusión de audios que sugieren el pedido de retornos a proveedores como Osmar Caballi y Miguel Ángel Calvete.
Más allá de lo judicial, el movimiento de Vilches —quien responde al ministro Mario Lugones— es leído en los pasillos oficiales como una estocada directa de Santiago Caputo contra el entorno de Karina Milei. Lugones es padre de un socio del asesor presidencial, lo que marca una ofensiva clara contra la estructura que maneja la Secretaría General de la Presidencia.
Mientras Gendarmería perita los teléfonos incautados, el Gobierno se enfrenta a un escenario de «fuego amigo» que deja expuesta una maquinaria de desvío de fondos. Paradójicamente, el ajuste que pregona el oficialismo parece haber encontrado un drenaje millonario en las arcas destinadas a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Con información de El Ciudadano.
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