Durante los últimos años, la diputada del FAP, Fernanda Antonijevic, ha tenido una activa participación a través de contactos realizados y gestiones en la provisión de medicamentos oncológicos, para pacientes a quienes se les rechazaba o demoraba la entrega de drogas de las que dependía su vida, tanto desde el Banco de Drogas, dependiente del ministerio de Salud provincial, del IOMA, PAMI y otras obras sociales.
En relación a ese tema la diputada Antonijevic consideró que “ese contacto fue permitiendo conocer las deficiencias del sistema, la necesidad, impotencia y desesperación de los enfermos y sus familias. Fue así que nos comprometimos y dirigimos diversas acciones dentro del ámbito legislativo, para intentar mejorar el sistema”.
A comienzos de este año, el Banco de Drogas de la Provincia de Buenos Aires intempestivamente, suspendió durante cuarenta días la entrega de drogas oncológicas y de otras enfermedades complejas.
Conjuntamente con los legisladores del bloque -FAP-, se efectuaron diversas presentaciones, “visitamos los Hospitales Provinciales, llevamos adelante audiencias públicas con la CICOP, pedimos dictámenes a la federación de médicos oncológicos, que confirmaron la gravedad del riesgo en la salud, al que se sometía a los pacientes”.
“Se intervino ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia, para que este organismo que tiene personería para representar a todos los afectados, accione a través del amparo colectivo, por lesión de los derechos constitucionales a la vida y la salud de los pacientes. El expediente se carátula: » ANTONIJEVIC, Fernanda C. y Otros s/ Denuncia», en el que cualquier damnificado de la Provincia, se puede presentar para exigir la solución de su situación con el Banco de Drogas”.
Antonijevic consideró que “IOMA, también mostraba irregularidades en la entrega de medicamentos oncológicos y en otras prestaciones, bajo un manto de sospechas del manejo presupuestario desde el año pasado. Ante esta problemática, además de diversos pedidos de informes, logramos incluir en el art 104 de la ley del presupuesto 2013, la obligación del presidente de IOMA a concurrir a la legislatura a dar cuenta de la ejecución presupuestaria, semestralmente, a partir de junio de este año, obligación que no se cumplió”.
En este marco días atrás diez personas, entre ellos dos funcionarios y un médico del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) fueron detenidos por una causa que investiga una millonaria defraudación con medicamentos oncológicos de la que eran víctimas pacientes afiliados a la obra social del Estado bonaerense.
Las detenciones sobrevinieron a tres allanamientos, uno de ellos realizado en el tercer piso de la sede central de IOMA. Se calcula que la maniobra implica un monto superior a los 2 millones de pesos y que el fraude estaría cometiéndose al menos desde 2007.
Es importante resaltar que IOMA posee unos 2,1 millones de afiliados en su mayoría empleados estatales y docentes de la provincia, y cuenta con un presupuesto anual que para el presente año asciende a 8100 millones de pesos y es la única obra social, junto con el Pami, con la capacidad de fijar precios en el mercado en materia de prestación medico asistencial.
En la última sesión, de la legislatura provincial, las bancadas de la oposición, el FAP, la CC, y la UCR solicitaron el tratamiento de diferentes iniciativas referidas a la situación, pidiendo la intervención del directorio, y la interpelación del titular del área, Antonio La Scaleia, dirigente de la Matanza, que llego a la presidencia del IOMA impulsado por Ballestrini, con la anuencia del gobernador Scioli, como así también la citación de los máximos referentes del área de salud de la provincia, pero el oficialismo rechazó los proyectos en cuestión.
«Desde la oposición entendemos la gravedad de la situación, tanto desde la magnitud presupuestaria de la maniobra, como desde la violación de derechos de los afiliados, que siguen mendigando para lograr la provisión de medicamentos, mientras la corrupción se lleva gran parte del dinero, con el debería resolverse la solución», expresó la diputada Antonijevic.
Y agregó «por eso solicitamos la intervención de la obra social, por entender necesario el desplazamiento del directorio, para investigar las condiciones que hicieron posible la maniobra fraudulenta. Cuáles fueron los controles que se hicieron, con qué grado de transparencia se manejaron los fondos; cual es la situación actual de provisión de medicamentos, relaciones con los proveedores farmacéuticos, para lo que se requiere una auditoria minuciosa, objetiva y trasparente, que arroje las respuesta que los bonaerenses exigimos».
Para finalizar la legisladora del FAP resaltó que «es claro que los hechos denunciados no sólo constituyen una estafa millonaria en perjuicio del erario público, constituyen además una estafa moral, porque de mínima fallaron todos los organismos de control, y los organismos de control no fallan porque sí. Es imprescindible que la Justicia investigue a fondo, pero también es una responsabilidad del poder legislativo y ejecutivo provincial, porque estas defraudaciones, en general, no se producen sin una amplia red de complicidad política y sindical”.-
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