La reciente medida del Gobierno, que prohíbe a los municipios cobrar tasas en los servicios públicos, ha generado fuertes reacciones en el ámbito político y judicial. Esta decisión, anunciada por el ministro Santiago Caputo y luego confirmada por la Secretaría de Comercio en el Boletín Oficial, ha sido calificada de «groseramente inconstitucional» por un abogado de la Federación de Municipios, argumentando que vulnera la autonomía municipal garantizada en la Constitución.
El impacto de esta medida va más allá de lo legal, pues afecta directamente las finanzas de los municipios, que dependen de estas tasas para sostener servicios esenciales. La decisión ha desatado críticas no solo desde los municipios, sino también desde algunas provincias, que ven en esta política un ataque a la capacidad de gestión local y una concentración de poder en el Gobierno central.
Esta medida podría enfrentar una batalla judicial importante, ya que muchos ven en ella un intento del Ejecutivo de reducir la autonomía fiscal de los municipios y controlar la recaudación de recursos locales.
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