Karina Milei, hermana del presidente, está denunciada penalmente por cohecho y tráfico de influencias. La acusación es grave: se le señala por usar su cercanía con el presidente para facilitar reuniones privadas a empresarios, a cambio de favores políticos. Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro han presentado pruebas que evidencian una red de favores cruzados, donde el poder se usa para beneficio personal, todo dentro de un gobierno que se dijo contrario a la «casta».
En una entrevista con Alejandro Fantino, Javier Milei confesó que su hermana y el ministro Luis Caputo sabían, un día antes, del levantamiento del cepo cambiario y la quema de 400 millones de dólares en reservas del Banco Central. Esta declaración pública del presidente no es menor: revela un círculo cerrado de decisiones que no rinde cuentas a la sociedad, donde se maneja información privilegiada y se concentra el poder en pocas manos. Karina Milei, sin cargo electo, maneja la agenda presidencial y tiene acceso a decisiones clave, lo que genera una concentración de poder peligrosa y opaca.
Lo más alarmante no es solo la denuncia, sino el silencio mediático que la rodea. Un caso como este, que debería ser un escándalo, se diluye en una cobertura mínima, casi inexistente. Este encubrimiento revela cómo la impunidad sigue operando bajo el manto de un «cambio» que nunca llegó.
La justicia debe actuar sin favoritismos ni excusas. Si las pruebas son concretas, Karina Milei debe rendir cuentas. El país no puede seguir tolerando que los mismos vicios que prometieron erradicar se reproduzcan con nuevos rostros. Esto no es el cambio, es una burla.
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