Dos de las principales asociaciones de productores agropecuarios, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Sociedad Rural, convocaron a un nuevo cese de comercialización de granos y hacienda desde este miércoles en rechazo al proyecto de reforma tributaria que tratará esta semana la Legislatura bonaerense.
La nueva medida de fuerza se concretará entre el miércoles y el domingo, también con movilización en la plaza San Martín de La Plata.
Los productores se quejan por que el proyecto puede generar una suba «desmedida en el impuesto inmobiliario rural» y lamentaron que «se pretende llevar adelante en forma inconsulta, sin apelar al diálogo previo» la iniciativa oficialista.
De hecho la Carbap, definió que la semana próxima volverá a La Plata con una “manifestación reforzada” para tratar de impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el aumento impositivo que impulsa el Gobierno de Daniel Scioli, a quien, además, hicieron “responsable” de “cualquier hecho de violencia” que pudiera ocurrir.
Ayer, el Gobernador Daniel Scioli había advertido, desde Mar del Plata, que instruyó a los legisladores del oficialismo para que voten el proyecto “sin modificaciones”, lo que provocó nuevo malestar en los productores federados, que hoy difundieron un comunicado en el cual se quejan de la “persistente negativa del Señor Gobernador de brindar una audiencia”, que formalmente le reclamaron en dos oportunidades.
También ayer, luego de una reunión de intendentes con los ministros de Infraestructura, Alejandro Arlía y de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, este último difundió un comunicado en el que se aseguraba que el Gobierno convocará a los intendentes para que se hagan presentes en La Plata a fin de respaldar a los legisladores que deberán tratar el proyecto en cuestión en Diputados.
El núcleo del conflicto con el sector agropecuario es el apartado del proyecto fiscal que dispone la aplicación de una nueva valuación fiscal al precio de los campos, una medida que según la ministra de Economía, Silvina Batakis, hace “20 años” que no se toma y que incrementará lo que los productores deben pagar por el impuesto inmobiliario rural, un cambio que reportaría a las arcas provinciales unos 300 millones de pesos extra.
Pero los productores se quejan porque la modificación supondrá para ellos una suba en los impuestos nacionales como el que grava a los bienes personales y el que se impone sobre la renta mínima presunta.
Además, no hay acuerdo en el impacto del aumento: para el Ejecutivo, el incremento en Inmobiliario tendrá un tope del 50%, pero para Carbap, llegará en algunos casos al 400%. Además, la entidad alertó que el revalúo promediará el 900%, con picos de hasta el 2.300%
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