Fernanda Antonijevic, Intendente Municipal de Baradero.
Un artículo publicado ayer en la revista de información política «La Tecla», y que lleva la firma el periodista Javier Garbulsky informa lo que sigue.
La orden es clara y baja desde Nación: hay que ajustar. En la mira, los municipios y sus desviaciones. El proyecto no convence a propios ni a extraños. ¿Qué se pide a las intendencias?
Con las copas de champán aún burbujeantes, tras el indiscutible respaldo en las urnas que le otorgó el pueblo bonaerense, el gobierno de María Eugenia Vidal dio un paso al frente y apuró el tranco para tener, cuanto antes, un paquete de leyes y reformas a su medida.
El combo incluye el Presupuesto 2018, que el oficialismo piensa tener aprobado en los próximos días; la nueva ley Impositiva, con subas y bajas dispares; y la polémica ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, que comenzó a sembrar tempestades entre algunos opositores, tanto intendentes como legisladores.
La iniciativa va mucho más allá de lo que había trascendido en un primer momento, cuando se mencionaba el compromiso de bajar algunas tasas municipales en línea con una política similar por parte de la Provincia.
La visión que tienen muchos intendentes no se condice con la euforia y el optimismo que desbordan funcionarios bonaerenses, quienes consideran -como el caso del ministro de Economía, Hernán Lacunza- que los municipios viven hoy un mejor presente, con un pico en el nivel de transferencias de recursos, que supera, por mucho, la situación que atravesaban hace dos años. “No podían ni pagar aguinaldos”, dicen, resaltando que ahora discuten qué obra se hace.
Conceptos como transparencia, homogeneidad, responsabilidad, control o austeridad forman parte del lenguaje actual cuando de fondos municipales se habla, requiriendo de las administraciones locales la adhesión a una serie de condiciones para obtener beneficios, algo que se observa desde el sector crítico como una extorsión por parte de la Provincia.
La iniciativa se propone, según el texto de la misma, “instrumentar reglas claras y de mayor transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos municipales, promoviendo la sostenibilidad de las finanzas públicas municipales como medio para una mejor calidad en la provisión de servicios públicos”.
La primera regla que se exigirá a los municipios que adhieran será que el gasto corriente no crezca más que la inflación, que sea constante en términos reales.
Además, la planta de personal municipal no podrá aumentar más que la población, que aumenta en la Argentina un promedio de uno por ciento por año.
Por otra parte se exigirá que la deuda tenga un límite razonable (8%) relacionado con sus recursos corrientes. A esto, hoy lo cumplen todos los distritos, según el ministerio.
Finalmente, no podrán incrementar el gasto corriente de cada año en el último semestre, para que la gestión que asuma no cargue con compromisos de los que se van.
Hernán Lacunza, ministro de Economía bonaerense.
Para Lacunza, sólo se trata de una cuestión “de sentido común”.
Lanza y escudo en mano, cual Quijote en la árida Mancha española, fue el ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza, a debatir con los diputados para defender las reformas y las leyes que envió el Ejecutivo a las cámaras.
En relación con las críticas hacia el Pacto Fiscal, el titular de la cartera económica bonaerense dijo que “es sentido común. Se trata de que el gasto corriente no suba más
que la inflación, que el personal municipal no suba más que el incremento de población, que la deuda sea una proporción razonable de los recursos, que no se le traslade la herencia negativa al siguiente gobierno; todas normas de sentido común”.
Lacunza añadió que a aquellos municipios “que cumplan con esas normas y necesiten obras de infraestructura, la Provincia les va a dar la posibilidad de contraer deuda o crédito para hacerlas”.
Añadió que “también van a tener derecho a una asistencia por parte de la administración provincial en el caso de que se produzca una contingencia”. Lo cierto es que la propuesta que el oficialismo acaba de tirar sobre la mesa va mucho más allá de la que se rumoreaba antes de las elecciones.
Entonces, la idea que se conoció fue la de “invitar” a los 135 distritos a bajar algunas tasas municipales, como la de Seguridad e Higiene o la Vial.
Eslaiman: “Se van a manejar con el látigo y la chequera”.
Una de las voces críticas más fuertes hasta el momento es la del diputado massista Rubén Eslaiman, quien evaluó que “el 80% de la ley es inconstitucional, avasalla la autonomía municipal groseramente; les prohíbe contratar personal, los obliga a informar sobre la planta actual, incluido el sueldo y la política salarial; los digita impositivamente para que todos los municipios tengan la misma base imponible y alícuotas en el ABL y otras tasas. También los obliga a pedir permiso para endeudarse y les fija un tope, y el Tribunal de Cuentas queda pintado” . Al recordar que el ministro Lacunza respondió que “no era inconstitucional porque no se obligaba”, Eslaiman añadió que “eso es mentira; se van a manejar con el látigo y la chequera. Estos son peores que el kirchnerismo”.
Rabellino ¿primera víctima?
Hace pocas horas los baraderenses supimos que el contador Marcos Rabellino, que se desempeñaba en el área administrativa del hospital municipal, volvía a ARBA donde se desempeñaba desde antes de llegar a la función pública. Se ha escuchado a la intendente municipal, al concejal Maroli y al administrador Daubián, referirse en términos elogiosos respecto al trabajo del contador lo que, leído el texto precedente y haciendo algunas conjeturas, puede concluirse que la decisión de prescindir de los servicios de Marcos Rabellino tiene alguna relación con la austeridad que se impulsa desde el gobierno provincial. Además, debe tenerse muy en cuenta que el contador había sido nombrado durante la gestión de Aldo Carossi, y a buen entendedor…
El Diario de Baradero
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