Son los datos de un estudio de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El organismo planteó diseñar un marco jurídico provincial para prevenir, tratar y sancionar el acoso callejero en el espacio público.
Según revela un informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, se pudo determinar que ocho de cada diez mujeres fueron víctimas de acoso callejero en la Provincia y que en el 97 por ciento de los casos no realizó la denuncia.
El informe, se realizó con muestras tomadas en La Plata, Ezeiza, Esteban Etcheverría y Lomas de Zamora y tuvo como principal eje «analizar una práctica cotidiana y masiva pero cuyo impacto es poco observado».
En base al testimonio de 300 mujeres de distintas edades que residen en dicha localidades bonaerenses, se evidencia que el hostigamiento comienza en la preadolescencia. En el relevamiento se detectó que 8 de cada 10 mujeres sufrieron situaciones de acoso callejero y que en el 97% no se lo denunció y en el 60% se detalló que el acoso fue verbal, el 3,5% físico y el 35% incluyó las dos formas.
Además determinó que el 37% de estas situaciones se produjeron en la vía pública; el 18% en plazas; otro 18% en medios de transporte y el 10% en el trabajo. En tanto, las víctimas de acoso indicaron que el 74% fue provocado por desconocidos; el 18% por conocidos, mientras que el 8% sufrió estas situaciones tanto por conocidos como por desconocidos.
Según el relevamiento, el 30 por ciento refirió que el acoso lo sufrió a la tarde mientras que otro 13 por ciento contestó que fue por la mañana y un porcentaje similar a la noche. Además determinó que el 22 por ciento de las víctimas sintió rabia por la situación; 21 miedo e inseguridad; 20 asco; 18 impotencia; 10 vergüenza y 5 por ciento confusión.
Sobre la base de este trabajo, el organismo planteó diseñar un marco jurídico provincial para prevenir, tratar y sancionar el acoso callejero en el espacio público y la creación de un programa provincial cuyos objetivos sean la asistencia, orientación y acompañamiento a las víctimas, en base al vínculo con organizaciones de la sociedad civil, entidades educativas y el Estado.
Además, propone la modificación del código de faltas provincial sobre acoso callejero en el espacio público estableciendo nuevas sanciones monetarias y que lo recaudado por motivo de estas sanciones sea destinado a programas de prevención y asistencia a las víctimas.
Asimismo, plantea la incorporación a la currícula escolar de contenidos que cuestionen y expongan el acoso callejero con perspectiva de derechos humanos y que se construyan indicadores que permitan observar la evolución de la temática. (InfoGEI) Mg
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