La Justicia de San Luis ordenó este martes el “procesamiento y encarcelamiento preventivo” del senador provincial (PJ) Ariel Omar Rosendo, acusado por robo, violación de la cuarentena y violencia de género contra su exmujer, además de reiterar en el Senado local un pedido de desafuero, informaron fuentes judiciales.
Así lo determinó el juez penal de la ciudad de Villa Mercedes, Leandro Estrada, quien acusa a Rosendo como presunto coautor del delito de “robo doblemente calificado por efracción (uso de la fuerza para cometer un hurto) o fractura, en poblado y en banda, en perjuicio de SMATA y de Ivana Beatriz Massimino”, su exmujer y como autor de los delitos de “desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas antiepidémicas”, en concurso ideal.
Hoy, luego de conocerse el fallo judicial, la abogada defensora de la exesposa del senador, Leticia Latini, dijo que “se hizo justicia en San Luis” y agregó que espera que el Senado provincial “esté a la altura de las circunstancias, conceda el desafuero y le permita a mi clienta vivir en paz”.
Latini agregó que el proceso “fue tortuoso” por el hostigamiento permanente que “el procesado” ejerció, a través de las redes, que la obligó a “vivir junto a su clienta, con el temor de pasar a ser un número más entre los femicidios del país”.
Sin embargo, indicó, “hoy, con este fallo, deja una gran posta de lucha a otras mujeres, porque no se dio por vencida, luchó y logró torcerle el brazo a un poder enorme como es el de un senador y un gremialista”.
Además de la denuncia de su exmujer, Rosendo, quien fue titular del gremio de los mecánicos, fue acusado por el secretario general de Smata de la provincia, Juan Piturra, quien aseguró que el senador robó de manera violenta pertenencias de una propiedad del gremio donde vivía Latini.
El magistrado solicitó además a la Cámara de Senadores de la provincia de San Luis, el desafuero del legislador “a los fines de ejecutar la medida de encarcelamiento cautelar” dispuesta por su pronunciamiento, oficiar las autorizaciones pertinentes y en caso que corresponda, “ordenar el inmediato traslado del procesado al Servicio Penitenciario Provincial” para el cumplimiento de la medida ordenada.
Estrada aclaró en su fallo que mientras se resuelva el pedido de “allanamiento del fuero por la Cámara de Senadores de la Provincia”, se impondrá “al procesado la carga de suscribir el libro de procesados de ese Juzgado una vez cada 10 días, bajo apercibimiento de Ley” y remitir copia del pronunciamiento al Juzgado de Violencia de esa circunscripción judicial.
El juez Estrada había pedido el desafuero de la Cámara de Senadores, su indagatoria y su detención, en el inicio del proceso, pero el cuerpo legislativo le negó el desafuero, por entender que no constituía “condición sine qua non para proceder al llamado a indagatoria y prosecución de la causa hasta su total conclusión”.
El pronunciamiento de los legisladores provocó la crítica y el rechazo de organizaciones feministas y partidos políticos, que vieron en ella una actitud de “encubrimiento” a favor del denunciado, acusado de robar en la vivienda donde vive su ex pareja, quien el año pasado lo denunció por violencia de género.
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