Organismos nacionales expresaron su preocupación por un violento desalojo en Salta

Un violento desalojo llevado a cabo el viernes pasado en el Kilómetro 5 de la localidad salteña de Tartagal contra comunidades originarias, causó la preocupación del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

Según relató la crónica del Nuevo Diario de Salta, el desalojo fue instrumentado por el juez Fernando Mariscal a pedido del fiscal penal N° 2 Pablo Cabot, sobre una zona habitada por Pueblos Indígenas de Quebrada de Tartagal, Quebracho y Sarmiento, que reclaman como su territoria.

Por la medida judicial, “mujeres fueron arengadas por policías varones, los chicos ante el susto escaparon al monte, y la Policía se llevó los documentos y hasta los útiles escolares, dejando a la comunidad asentada a la vera de la ruta y bajo los árboles, en medio de un calor intenso”, señalan los locales.

En este marco, desde los organismos manifestaron su preocupación por la integridad física y el respeto de los Derechos Humanos de los integrantes de las comunidades desalojadas y reclamaron a las autoridades provinciales y municipales “que actúen de manera urgente como corresponde, para garantizar su derecho al territorio, el acceso a la justicia y el pleno goce a sus derechos básicos para la subsistencia como agua, alimentos y vivienda”.

En un comunicado conjunto, señalaron que “esta medida de desalojo arrojó como resultado 30 familias (100 personas) apostadas a la vera de la ruta, en condiciones extremadamente precarias, significando un atropello a sus necesidades básicas», además de dejarlos en «una situación de alta vulnerabilidad social».

Además, un funcionario del INAI fue crítico con el juez Mariscal y el fiscal Cabot al considerar que hay vicios en su accionar. Entre ellos, destacó: “dar curso a una solicitud sin respetar la plena vigencia de la Ley 26.160 y sus prorrogas amparadas por el Bloque Constitucional”, así como que “se inician acciones penales contra tres particulares y el desalojo se ejecuta contra toda la comunidad, inclusive sin constatación previa de la ocupación».

Sostuvieron que «es notorio que estas acciones y desalojos se llevan a cabo mientras se está dando cumplimento al programa de relevamiento territorial de la zona».

Ante ello es que se reiteró el pedido de «asistencia urgente por parte de las autoridades provinciales, así como la adecuación a la normativa vigente desde los ámbitos judiciales para así respetar el pleno derecho de las comunidades preexistentes en nuestro país». (InfoGEI) Ga