La ministra de Milei está siendo investigada por una transferencia de 14 mil millones de pesos destinada a la compra de alimentos para comedores comunitarios que no se realizó.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada por el fiscal federal Franco Picardi en una causa que investiga una transferencia de 14 mil millones de pesos destinada a la compra de alimentos para comedores comunitarios, que hasta el momento no se concretó. La denuncia fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien subroga el Juzgado Federal 12.
El caso gira en torno a una resolución firmada el 8 de febrero de 2024 (RESOL-2024-30-APN-MCH), en la cual Pettovello autorizó de forma unilateral la transferencia de fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre – PNUD ARG/20/004”. La denuncia sostiene que esta decisión vulneró los límites establecidos por la Ley de Administración Financiera, ya que cualquier gasto que supere los 2.700 millones de pesos debe contar con la aprobación de la Jefatura de Gabinete.
El fiscal Picardi solicitó al juzgado que se inicien medidas de prueba para conocer el destino de los fondos y la situación del proceso licitatorio. Requirió además a la Jefatura de Gabinete la normativa aplicable a la mencionada resolución y al PNUD la trazabilidad del dinero. De los 14 mil millones transferidos, se habría abonado una comisión adicional de 420 millones, mientras que la compra de los alimentos —arroz, fideos y leche en polvo— sigue sin concretarse.
¿Qué ocurrió con los fondos?
Hasta el momento, el fiscal apuntó a posibles delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aunque la imputación recae sobre Pettovello, Picardi aclaró en su presentación que se trata de una investigación en curso “sin perjuicio de lo que surja con el devenir de la investigación en cuanto a las responsabilidades y las personas que resulten involucradas”.
Según explicó el denunciante, hasta esa fecha era el propio ministerio el que gestionaba las compras, en ocasiones mediante convenios con la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), una entidad sin carácter de organismo internacional, a diferencia del PNUD, que coopera con Argentina desde hace dos décadas.
“El dinero se transfirió… pero el proceso licitatorio no terminó ni continúa, es decir que los alimentos no llegaron”, señaló Martínez Herrero en su presentación judicial, en la que también advirtió que el PNUD “se encuentra en estado de incertidumbre sin saber qué va a pasar con dicho proceso”.
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