28 03 19 Según datos del Indec la Pobreza creció 32%.
La sociedad argentina está atravesada por una pobreza estructural formada por carencias crónicas en materia de recursos y capacidades de desarrollo humano. Se trata de una grieta social que se viene acumulando tras décadas de decadencia, que se agrava con cada crisis o recesión dejando marcas más profundas de fragmentación social. La estructura social argentina actual no sólo es más pobre sino también más profundamente desigual que una, dos o tres décadas atrás.
A manera de balance, la sociedad registra en estos momentos los niveles de pobreza por ingreso más altos de la presente década. Siguiendo la nueva metodología del INDEC, esta tasa fácilmente supera el 33-34% de la población (el INDEC informó 32% para el segundo semestre de 2018).
Estos valores son similares a los niveles que tuvimos entre la crisis financiera del Tequila y hasta antes de la crisis 2001-2002, o a los vigentes antes y durante la crisis 2009. Son índices algo más altos que los producidos por las devaluaciones de 2014 o 2016. Entre esos momentos críticos tuvieron lugar episodios de mejoras, pero todos ellos fundados en fugaces burbujas de consumo de alto impacto fiscal, por ejemplo, entre 2011-2012, o también, durante el segundo semestre de 2017. En ambos casos, logrando un piso estructural cercano al 25% de pobres.
Es decir, cabe destacarlo: formamos parte de una sociedad que, al menos durante las últimas tres décadas, registra -cuando bien nos ha ido- entre un cuarto y un tercio de la población en situación de pobreza. La crisis actual constituye un episodio más de esta triste saga del subdesarrollo argentino.
Las referencias que buscan explicar este derrotero son conocidas: baja tasa de inversión, nulo crecimiento, estancamiento del empleo y elevada inflación. Pero si bien éstas son causas ciertas, de esta lista tiende a omitirse tanto el conflicto redistributivo que está detrás, como la incapacidad política para reconocerlo, y mucho menos resolverlo: ni el mercado, ni el Estado han sabido distribuir los excedentes generados por la economía dinámica hacia un desarrollo sustentable. No deja de sorprender que este derrotero no haya generado todavía un cambio radical de diagnóstico y de políticas.
El problema real es que por mucho que lo deseen, los hogares pobres no logran salir de la pobreza porque sus ingresos –vengan del trabajo o los programas sociales- siguen por detrás al resto de los precios de la economía, y la oferta de buenos empleos es limitada, no hay para todos. Esta parte “sobrante” de la sociedad vive en un país cuyas dirigencias -entre ellas, las que conducen el actual gobierno- soslayan el problema y carecen de un proyecto orientado efectivamente a superar las grietas sociales.
Al mismo tiempo, no son pocos los que sostienen que el problema de la pobreza son los pobres, sea porque no quieren, o porque no cuentan con las facultades necesarias para acceder a un buen empleo. De ahí la justificada necesidad de una asistencia pública que, más allá de atender apremiantes necesidades básicas, cristaliza en el campo político-institucional el estado de privación de los pobres, al mismo tiempo que legitima y reproduce en la esfera social viejas y nuevas desigualdades.
Ni la pobreza en nuestro país fue en algún momento “menor que la de Alemania”, ni su medición “estigmatizaba”, ni la “pobreza cero” fue un objetivo sincero de gobierno sobre el cual rendir cuentas a la sociedad. La dificultad que enfrentamos no es que el mundo exterior nos haya jugado una mala pasada, ni que no existan interlocutores con los cuales acordar una política de emergencia.
Las ideologías, las ambiciones de poder y las especulaciones políticas descartan la explicación compleja del problema como la construcción política de los instrumentos necesarios para su superación. No se asumen errores, no se convoca a los expertos, ni mucho menos se acuerdan políticas de Estado. En fin, una vez más, mientras la pobreza se profundiza, una política ciega, superficial y desorientada persiste en mal gastar oportunidades históricas.
Agustín Salvia es sociólogo (UBA). Coordina el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Clarín.com
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